Es tal la ceguera que todavía no se han dado cuenta de lo que han hecho. Y para decirlo rápido, lo que le ha hecho el régimen de Fox a López Obrador, al aplicarle la Ley para eliminarlo de la contienda, ni siquiera el PRI intentó hacérselo a Fox. Un par de años antes de las elecciones de 2000, algunos priistas nerviosos por el ascenso de Fox en las encuestas sobaron la idea de adosarle averiguaciones fiscales que pudieran derivar en una acusación penal. En términos jurídicos no era descabellado; como se sabe, los negocios de Fox, tanto en el rancho como en la industria de las botas habían pasado apuros y la ambigüedad de las misceláneas fiscales fácilmente podía ser interpretada en su contra. Pero la idea fue desechada por burda y por el desgaste institucional que significaría hacer una persecución política. Es paradójico que los dinosaurios del PRI no se atrevieron a hacerle a Fox lo que este, el Gobierno de la democracia y del cambio, le está haciendo a su rival político.
De hecho hay que remontarse hasta los años setentas para encontrar casos en los que el poder utilizaba las leyes para eliminar a la Oposición. La izquierda comunista, pero ocasionalmente los pioneros del PAN fueron víctimas de este recurso. En los ochentas Salinas incriminó a La Quina y a un par de gobernadores desafectos con pretextos jurídicos, pero siempre se trató de elementos del propio PRI. Lo que ha hecho el régimen de Fox en contra de la oposición es un retroceso democrático y abre una caja de Pandora.
Fue necesario un largo proceso histórico para hacer entender a los radicales de derecha y de izquierda que la opción democrática era la única alternativa. Las acciones del régimen en contra de López Obrador serán interpretadas por algunos como la cancelación de una vía democrática. Y por desgracia se necesita apenas un centenar de radicales acelerados rodeados de algunos cuantos miles de resentidos que les apoyen activa y pasivamente para provocar un tobogán de inestabilidad. No se necesita mucho; los linchamientos en barrios y pueblos da cuenta de la crisis de legitimidad del sistema y la rabia de las poblaciones empobrecidas.
Pero Fox y Creel siguen fascinados con su platónico “Estado de Derecho”. El presidente explicó el viernes pasado que su Gobierno está abriendo un nuevo paradigma en materia de aplicación de leyes. Lo que no explica es porqué decidió inaugurar esta rigurosa aplicación de los reglamentos justamente con su enemigo personal, con el que encabeza las preferencias de voto para los próximos comicios presidenciales, con el que muchos pobres se identifican. Cuán conveniente.
Máximo derecho, máxima injusticia dice un viejo adagio entre abogados. Y éste es el mejor caso. Fox y Creel se sienten indignados porque el mundo ha visto esta maniobra como un descabezamiento de la Oposición. Pero es imposible verlo de otra manera. A lo largo de todo su sexenio, y contra las expectativas de la opinión pública, el Gobierno del cambio se caracterizó por la tibieza en la aplicación de la Ley en todos los asuntos políticamente candentes. La Secodam que arrancó con promesas justicieras al mando de Francisco Barrio, se desinfló a medio camino y ha terminado por tener una gestión más desangelada que en las administraciones priistas. En el asunto del Pemexgate, una corruptela de mil millones de pesos, el Gobierno terminó reculando y en el tema de la construcción del aeropuerto, Creel careció del oficio para negociar un acuerdo con los macheteros y prefirió ignorar un decreto para edificar el aeropuerto.
Es curioso que a cuatro años y medio de recorrido el sexenio, Fox logre por vez primera reunir la mayoría necesaria para arrancar un voto importante en la cámara. No pudo lograr el apoyo del PRI para la reforma del Estado, la reforma energética o la reforma fiscal. Pero si la logró para deshacerse del enemigo de ambos. Roberto Campa, diputado del PRI, lo dijo en una frase formidable: lo están desaforando no porque sea un delincuente peligroso, sino porque es un candidato peligroso.
Es curioso también, que el Gobierno de Fox prefiriera durante cuatro años parecer timorato y enredarse en la parálisis antes que intentar cambios o reformas, por temor de generar inestabilidad política y financiera. El único acto verdaderamente audaz de su sexenio no lo habrá asumido para cumplir sus promesas de campaña sino para una acción de mezquindad política, de resultados explosivos.
Es absurdo creer que el régimen simplemente dejó correr un trámite legal. Se requiere una operación política para que 145 diputados del PAN (de los 146 que había) votaran a favor del desafuero pese a que el 80 por ciento de la opinión pública estaba en su contra. Es ingenuo pensar que las millonarias campañas de televisión del membrete “México por la Paz” y de la Secretaría de Gobernación en contra de AMLO son una mera casualidad.
Pero al optar por un uso político de las leyes en contra de la Oposición, Fox y el PRI se han metido en un callejón sin salida. Ya no pueden dejarlo “vivo” para la boleta presidencial. O lo liquidan o les gana la elección de 2006. En cierta forma Fox le entregó la Presidencia a López Obrador al incriminarlo por razones políticas. Si no lo remata jurídicamente, lo habrán hecho presidente. Y en las dos conclusiones Fox sale perdiendo: si no logran inhabilitarlo los derrotará en los comicios porque lo han convertido en héroe. Y si lo inhabilitan, la amenaza de la desestabilización es enorme por el desencanto que tendrá una porción importante de la izquierda, la más radical, de las vías democráticas. ¿Qué han hecho?
(jzepeda52@aol.com)
