Amnistía Internacional lamenta que la SCJN no haya consagrado la imprescriptibilidad del crimen de genocidio.
MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la matanza de estudiantes de 1971, constituye un avance limitado en la búsqueda de la justicia, considera Amnistía Internacional (AI) sección México.
El organismo señaló que el fallo dado a conocer el pasado miércoles, hace posible que el proceso penal por genocidio continúe contra el ex presidente, Luis Echeverría Alvarez, y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, sin embargo, permite que otros nueve coacusados evadan la justicia.
AI lamenta que la SCJN no haya consagrado la imprescriptibilidad del crimen de genocidio, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
En el caso del ex presidente Echeverría y el ex secretario Moya, acusados de genocidio, la Suprema Corte habría considerado que el delito todavía no ha prescrito.
Según la SCJN, el periodo de prescripción se habría interrumpido mientras los acusados formaban parte del gobierno y gozaban de un fuero constitucional que impedía que fueran juzgados en relación con la matanza de estudiantes en 1971.
Sin embargo, con base a esta argumentación, la Suprema Corte habría resuelto que para los otros nueve coacusados que no gozaban de fuero, el delito de genocidio ha prescrito, evadiendo de dicho modo su posible comparecencia ante la justicia.
Mediante ardid se permite que presuntos responsables de crímenes de derecho internacional de suma gravedad evadan la justicia.
El fallo de la SCJN omite la responsabilidad que el Estado debe a las víctimas y sus familiares de garantizar la justicia y la verdad, e incumple los compromisos internacionales que México ha aceptado, señala el organismo.
Además, la decisión técnica de la SCJN sobre el fuero ignora la realidad política de México durante ese periodo autoritario y de violaciones de derechos humanos sistemáticos, que hizo imposible la investigación y enjuiciamiento de los responsables de graves abusos, como la matanza de 1971, entre otros hechos.
Amnistía Internacional considera que las autoridades mexicanas, cualquiera sea el poder al que pertenezcan, deben asumir sus responsabilidades bajo el derecho internacional con determinación, cumpliendo cabalmente con sus obligaciones y
evitando escapar de los compromisos internacionales que libre y voluntariamente México asumiera.
