EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Para la subdirectora administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), María Guadalupe Guerrero Mercado, es pretexto de las autoridades, el argumentar que no se puede retener legalmente a un presunto delincuente, por no contar con recursos para un arraigo.
La funcionaria estatal reconoció que, si bien el monto del fondo revolvente para los gastos de operación de la Subprocuraduría de Justicia en la Región Laguna de Durango es insuficiente, las restricciones económicas aplican a todas las dependencias.
La contadora Guerrero fue cuestionada en torno al caso donde Jesús Alan Zapata Puga de 18 años alias ?El Topis?, logró recuperar su libertad, aun cuando fue presentando en cuatro agencias del Ministerio Público con objetos recuperados producto del robo a casas habitación.
El joven fue capturado por la Policía Ministerial y se logró recuperar electrodomésticos, joyería diversa, herramientas y demás objetos obtenidos mediante los robos y que la mayoría ya fue devuelto a sus dueños.
Al respecto, la subdirectora administrativa indicó que las autoridades deben establecer convenios con los hoteles donde normalmente se arraiga a los inculpados, además de que no se deben objetar pagos, puesto que nadie sabe cuánto tiempo se dará el hospedaje.
El Gobierno del Estado tarda 30 días en pagar una factura bien elaborada, y esto puede ser razón para que algunos hoteles no se interesen en prestar sus servicios, situación que dificulta el trabajo de la Subprocuraduría.
Por otro lado, Guerrero Mercado explicó que algunos pagos presentan retrasos porque las facturas están mal elaboradas, a dos tintas, con fechas y montos diferentes, o algunas caducas, las cuales son regresadas y tienen que iniciar su trámite.
La administradora señaló que los problemas con los arraigos también se presentan en Durango capital y en otras partes del Estado, pero aseguró que no debe ser excusa para permitir que un presunto responsable se sustraiga de la acción de la justicia.
Actualmente, un presunto ladrón permanece bajo arraigo. Extraoficialmente se sabe que el afectado absorbe los gastos. En el caso del sujeto que le quemó la casa a un presunto homicida, no se pudo arraigar al inculpado por falta de recursos.
Carencias eternas
?No sólo no hay dinero para los arraigos, sino que tampoco hay para los insumos de los Peritos, ni la nómina de algunos agentes del Ministerio Público y demás servidores públicos contratados con la nueva administración?, señaló el abogado, Alberto Montes Rodríguez.
El también presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna del Estado de Durango, dijo que la falta de recursos en la Subprocuraduría de Justicia es un problema añejo, pero que es alarmante que un presunto responsable quede libre porque no hay dinero para su arraigo.
?Al negar el pago a los servidores públicos, se les obliga a trabajar en una situación difícil, que puede ser alentadora de actos irregulares?, comentó Montes Rodríguez respecto a la ausencia de pagos de tres agentes investigadores y un asesor jurídico de la Policía Ministerial.
El caso donde logró su libertad Jesús Alan Zapata Puga de 18 años alias ?El Topis?, llama la atención del abogado, ya que él calcula que un arraigo por diez días puede costar cerca de tres mil pesos, incluidos los alimentos.
?No es posible que por no poder pagar tres mil pesos, no se puede ampliar una investigación para ver si una persona es o no presunta responsable de un delito, porque si lo es, cómo se le va dejar fuera?, señaló el penalista.
