AGENCIAS
MÉXICO, DF.- Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó el traslado del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, hacia el penal de Matamoros, Tamaulipas.
El funcionario detalló que la medida fue tomada en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal por considerarlo un reo de alta peligrosidad, para que no “contaminara” al resto de los internos, sobre todo al considerar que Jalisco es una zona en la que operaba este capo.
Asimismo, después de una reunión de trabajo que sostuvo con los procuradores de la región del Bajío, en el estado de Jalisco, el funcionario reveló que ya se prepara una agenda con fechas en las que se realizarán operativos en diversos penales estatales, como los que se efectuaron en los centros penitenciarios federales.
Horas antes de las declaraciones –durante la madrugada de ayer- alrededor de 500 miembros del Ejército y la Policía ocuparon el penal de Puente Grande.
El operativo en Puente Grande, ubicado en el municipio jalisciense de El Salto (en el occidente del país), fue similar a los registrados en las últimas dos semanas en las prisiones federales de La Palma y Matamoros.
Además de reforzar la seguridad del penal, las Fuerzas Federales de Apoyo llevaron a cabo registros a los dormitorios del penal.
Los efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron transportados en aviones de la corporación que aterrizaron en la base militar de La Mojonera, en el municipio de Zapopan, de donde fueron movilizados hacia Puente Grande, resguardados por dos vehículos con ametralladoras de grueso calibre.
Ante las fuertes medidas de seguridad abogados y familiares de personas internas en el penal reportaron que el operativo y la orden de restringir el acceso para visitar a los internos viola las garantías individuales de éstos.
Everardo Rojas Contreras, abogado defensor de Adán Amezcua Contreras conocido como el “Rey de las metanfetaminas” llegó al Cefereso para visitar a su defenso pero los agentes federales le impidieron el paso.
Molesto por la falta de información sobre las razones que le impidieron entrevistarse con el narcotraficante, quien fue sentenciado en noviembre pasado a 23 años en prisión, el abogado afirmó que promoverán procedimientos contra quien resulte responsable de dejar sin asistencia legal a un procesado.
Rojas Contreras comentó que las garantías individuales de su cliente y de los internos de La Palma, del Cefereso de Matamoros y de Puente Grande están siendo pisoteados con los operativos de revisión en los que los presos quedan incomunicados.
Por lo tanto agregó el litigante, esta situación debe ser revisada por la Procuraduría General de la República y señaló que el Congreso de la Unión debe estudiar este caso para legislar al respecto y evitar que se violenten los derechos de familiares, abogados e internos.
