Por primera vez desde su fundación -en mayor medida que cuando pactó un acuerdo a la postre desastroso con TV Azteca-, el Canal 40 dispone de recursos con qué enfrentar sus obligaciones, en primer lugar con sus trabajadores, a los que no sólo hizo ofertas de pago -en que con justificada razón no confían- sino que les garantizó el resarcimiento de los daños y perjuicios que les ha inferido con sus demoras. Ayer mismo, personal de confianza cobró un mes de salarios, y los trabajadores sindicalizados pueden hacer lo propio aun sin levantar la huelga que hoy cumple dos meses, y que de levantarse en las próximas horas podría acelerar la superación de las faltas en que ha incurrido la empresa.
CNI comunicó ayer lunes a “todos sus empleados, televidentes, clientes y amigos” que ha negociado un financiamiento que le permite pagar su pasivo laboral y levantar la huelga que ha afectado sus operaciones durante dos meses”. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) demoró el estudio de esta oferta y se mostró reticente ante ella, no obstante que es del interés de quienes trabajan en el Canal (una de las varias empresas con las que contrata el STIRT, que es un sindicato nacional de industria) que la empresa, una vez satisfechas sus obligaciones, reinicie sus tareas que la pondrá en mejor capacidad de enfrentar sus pasivos, ante el fisco, los proveedores y los titulares de otro tipo de obligaciones.
Por su lado, Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de telecomunicaciones de la SCT, como si compartiera el interés de quienes sacarían provecho de la prolongación de la huelga del Canal 40, adoptó una posición ante un rumor, que no corresponde con la realidad, acaso con la pretensión de desestimular el auxilio financiero que puede ayudar a Canal 40 a superar sus agudos quebrantos. La semana pasada, haciéndose eco de la suposición de que cadenas norteamericanas como CBS y NBC aportarían a CNI el oxígeno requerido para no sucumbir, la SCT halló oportuno el momento para hacerse presente en un litigio que parecía no incumbirle (de igual modo que pareció no concernirle la ocupación de las instalaciones del Cuarenta cuando contra la Ley y con violencia las invadieron agentes de TV Azteca).
El viernes 15 de julio la oficina de Álvarez Hoth dijo que “el pasado 19 de mayo la SCT fue notificada por la Junta federal de conciliación y arbitraje que en esa misma fecha a partir de las 12 estalló la huelga en el Canal 40, resultando en la interrupción de sus transmisiones.
“Cualquier restructuración que se pretenda llevar a cabo por parte de la empresa concesionaria, que tenga impacto en el control accionario, tenencia, enajenación o derive en gravamen de la concesión, deberá ser sometida a la SCT para su aprobación previa, con base en lo establecido en los artículos 9, fracción V, 26 y 31 fracciones III y IV de la Ley federal de radio y televisión, así como el título de c oncesión respectivo.
“Asimismo, el artículo 14 de la misma establece que las concesiones para usar comercialmente canales de radio y televisión, se otorgarán únicamente a ciudadanos mexicanos o sociedades cuyos socios sean mexicanos.
“El Gobierno Federal, a través de la SCT, continuará vigilando el estricto cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de los títulos de concesión del Canal 40 o de cualquier otro concesionario de radio y/o televisión”
Es fácil comprobar la medida en que la SCT mintió al lanzar la campanuda afirmación final. Si hay un territorio de la vida pública mexicana marcado por la constante infracción a la legalidad, ese es el de la radio y la televisión, donde los arrendamientos de frecuencias y los contratos que desvirtúan el uso de las concesiones constituyen el modo “normal” de manejo de esas autorizaciones gubernamentales. Aun si en verdad actuara como un celoso vigilante de la aplicación de la , la SCT ha otorgado validez a acuerdos entre concesionarios y empresas internacionales que encontraron vías sesgadas para participar en la radio y la televisión sin romper las formalidad legal. La llamada inversión neutra ha sido utilizada para hacer que en la práctica el sistema Radiopolis de Televisa sea operado (con pericia profesional, hay que decirlo) por el consorcio español PRISA, presidido por el señor Jesús de Polanco, que posee el 50 por ciento de las acciones de una empresa en que no podría contar con más del 49 por ciento.
Ya que es posible que una operación de corte análogo se produzca en torno del Canal 40, no habría modo de que esa ardiente defensora de la legalidad que es la SCT se opusiera a su consumación. Tampoco habría modo de que el Stirt no reconociera la validez de la oferta que, más allá de las promesas formuladas antes, asegura que los trabajadores del Cuarenta obtengan la satisfacción a sus justas demandas, siempre que éstas se expresen conforme a la legalidad en el ámbito laboral. No es admisible, en consecuencia, que se incluya en los pasivos reclamados una cuantía y una definición de prestaciones que acaso sea posible negociar para el futuro, pero que no estaban a discusión, al punto de que no formaron parte del pliego petitorio cuya insuficiente respuesta dio lugar a la huelga. Sólo si se admite que es reclamable lo que lo no ha sido ni lo era al suspender las emisiones, el adeudo laboral podría llegar a 40 millones de pesos. Pero en realidad ese pasivo asciende quizá a poco más de 12 millones, que están ya disponibles.
