A punto de terminar el año el alcalde de Matamoros, Felipe Medina, vuelve a colocarse en el ojo del huracán. El Congreso del Estado ha rechazado las Cuentas Públicas del Municipio debido a que el edil no pudo comprobar la aplicación de siete millones de pesos durante 2004 y de otros 16 millones ejercidos durante 2003.
Fue en el mes de septiembre cuando arrecieron más las manifestaciones contra Medina Cervantes, en ese entonces el descontento de la población de Matamoros por las irregularidades era mayúsculo. El presidente municipal culpaba a los medios de comunicación de crear un ambiente de animadversión en su contra, argumentaba que todos los señalamientos se debían a los tiempos políticos, a las elecciones que estaban en puerta.
A pocos días de que termine el año 2005, el argumento de Felipe Medina Cervantes, cae por su propio peso. Ahora es imposible atribuir los señalamientos a los tiempos políticos, hoy en el estado la efervescencia de las elecciones es cosa del pasado.
Luis Fernando Salazar Fernández, diputado local del Partido Acción Nacional, asegura que el hecho de que los miembros del Congreso del Estado se encuentren a unos días de terminar sus labores, no exime a ninguno de los alcaldes a quienes no les fueron aprobadas sus cuentas públicas, como es el caso del de Cuatrociénegas, Monclova, Castaños, Sabinas y Matamoros, a recibir su sanción administrativa y en su caso penal, correspondiente.
Los municipios arriba señalados no se caracterizan por su bonanza en el estado, por el contrario las necesidades son muchas. En el caso particular de Matamoros la migración es uno de los problemas más graves debido a la falta de oportunidades, con graves problemas económicos y una fuerte deuda del Simapa con la Comisión Federal de Electricidad, los malos manejos de los recursos públicos son por demás censurables.
Tal vez por esta situación el diputado local del Partido Acción Nacional, José Luis Triana Sosa, no duda en afirmar que Felipe Medina, se perfila a convertirse en el peor presidente municipal que se ha tenido en la historia de Coahuila.
Dichas anomalías no pueden quedar en la impunidad, por este motivo es necesario que los alcaldes que abusaron de su puesto reciban la sanción administrativa y penal correspondiente.
