Reacción|Para la Comisión de Derechos Humanos la medida no disminuirá los delitos
EL SIGLO DE TORREÓN
Consideran académicos que se quiere solucionar conflictos sociales con medidas jurídicas
TORREÓN, COAH.- En opinión de David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHE), el incremento en las penas no necesariamente disminuirá los delitos, además de que las condenas largas no permitirán saber si un interno se rehabilitó o no.
?Qué va a pasar con las personas que son sentenciadas a más de 100 años de prisión y que en el transcurso de la pena demuestran que son aptas para reintegrarse a la sociedad, incluso hasta para trabajar en beneficio de ella, pues no van a poder salir, la pena pierde parte de su sentido porque no es sólo sancionar sino rehabilitar, y eso es una disposición constitucional; hay que esperar resultados sobre la acumulación del delito para tener la posibilidad de evaluar para decir si se queda o se regresa?.
Como se informó en la edición de ayer de El Siglo de Torreón, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa para establecer en Coahuila la figura jurídica de acumulación de penas, semejante a la cadena perpetua y para incrementar de 40 a 60 años de prisión el castigo contra secuestradores, violadores y homicidas.
?Hay dos situaciones qué analizar: el aumento y la acumulación de las penas, en cuanto el incremen-to ya hemos dicho que no necesariamente incidirá en la disminución de los delitos, en Estados Unidos hay pena de muerte y los delitos persisten, sobre la acumulación habría que esperar los resultados?.
Según el visitador de la Comisión, la acumulación de penas es similar a la cadena perpetua, ?esperaría para ver los primeros casos que se presenten y las consecuencias de esto porque no hay mucha experiencia en este tipo de situaciones?.
La acumulación de penas, dice, es buena pero no piensa lo mismo sobre el incremento en las condenas, ?no es muy positiva porque se quiere solucionar conflictos sociales con medidas jurídicas, el delito tiene su origen en problemas sociales y hay que resolverlos con empleos, con educación, cultura y salud?.
Insiste en que el Gobierno pretende solucionar problemas sociales con acciones jurídicas, por eso considera que el incremento en las penas no es positivo porque no inhiben los índices delictivos y provoca que se pierda el sentido de la rehabilitación.
SIN CONSULTA
Como preocupante, califica Roberto López Franco, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), que los encargados de elaborar y reformar las leyes, sigan supeditados al gobernador en turno.
?Es necesario que primero se haga una consulta social, y no que se aplique un solo punto de vista que denota el poder?, asegura el académico en relación a la aprobación del Congreso del Estado para reformar el Código Penal y agravar las penas de ciertos delitos, en base a la propuesta del mandatario, Humberto Moreira Valdés.
?Se debe revisar el sistema de procuración e impartición de justicia en México, donde los problemas que han penetrado la estructura son la corrupción, la demagogia, la discriminación, la exclusión, donde algunos delitos se priorizan y otros se mantienen guardados?, advierte el psicólogo y comunicador.
Otro factor importante es analizar el tipo de sanciones que se van aplicar, ya que se corre el riesgo de afianzar delincuentes, que sin esperanza de rehabilitación o reintegración a la sociedad, se convierten en personas peligrosas, sin motivación al cambio, que pueden contaminar a otros internos por delitos menores en los centros de reclusión.
Apoyan la medida
El incremento en la penalidad de algunos delitos graves, es avalado por Jesús Torres Charles, procurador de Justicia bajo el argumento de que el daño sufrido por las víctimas es irreversible. El funcionario señala que aumentar el castigo a los delincuentes fue la demanda más frecuente de la ciudadanía al gobernador Humberto Moreira Valdés, durante su campaña.
El homicidio, el secuestro y la violación, son los delitos que más ofenden a la sociedad, por lo tanto, a la par de un castigo más severo, habrá programas para la prevención del delito que integrarán a los diferentes grupos sociales e instituciones.
Torres Charles está consciente de que la aprobación en el Congreso del Estado para aumentar las condenas de delincuentes, obliga al sistema de procuración de Justicia un trabajo enorme para tener una actuación confiable, alejada de errores que puedan retener en prisión a inocentes.
El procurador comenta que se debe ver a la Seguridad Pública de una forma integral, donde las penas son una escala alta o final, pero que se debe enfocar el trabajo en políticas públicas encaminadas a la prevención del delito.
Ante la hipótesis de que el aumentar penas no inhibe la comisión de delitos y por el contrario satura las prisiones, Torres Charles señala que habrá programas para que otras penalidades menores se purguen de diferentes formas que no requieran internamiento de los responsables y así desahogar las cárceles.
POSTURA
Aunque consideró que es positiva la reforma que aprobó el Congreso del Estado al Código Penal del Estado de Coahuila, el alcalde, Guillermo Anaya Llamas, dice que esto no es garantía de que disminuirá la delincuencia.
?Tenemos que ver una justicia integral, esas penas que se están haciendo más severas, que realmente disminuyan los delitos para que vivamos en una ciudad más tranquila, hay veces en que no porque pongas penas más severas, inmediatamente los delitos se reducen, hay que hacer una planeación total de la Administración y procuración de la justicia en todos los niveles?.
Sobre la reforma que se aprobó a nivel nacional para que las policías estatales y municipales tengan mayor participación en el combate al narcotráfico, el alcalde dice que desde el año 2003, el Municipio de Torreón firmó el primer convenio a nivel nacional con la Procuraduría General de la República para apoyar las acciones de combate del ?narcomenudeo?.
