Para concluir el año con broche de oro, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se despidió con una Ley que oficializa la discriminación y el mal trato en contra de los indocumentados.
Aunque la iniciativa lanzada por James F. Sensenbrenner no se aprobó en su totalidad y difícilmente será avalada por el Senado, su mera aprobación en la Cámara Baja reforzó el clima antiinmigrante que vive Norteamérica y que llegó a su clímax durante 2005.
Más que la barda fronteriza de mil 123 kilómetros que podría construirse en la frontera, la preocupación de los grupos activistas se centra en la declaración de la inmigración ilegal como un delito federal.
De acuerdo a esta Ley que deberá pasar por el Senado y por la firma del presidente George W. Bush el año entrante, una persona que cruce por segunda ocasión de forma ilegal será encarcelada y sujeta a un proceso judicial federal.
Actualmente un indocumentado es deportado de inmediato sin ningún proceso judicial, salvo cuando la persona solicita formalmente defender su status legal.
La iniciativa Sensenbrenner incluye además fuertes sanciones para los empleadores y para toda aquella persona que promueva o sea cómplice de la inmigración ilegal.
Esto significa que incluso los organismos que apoyan a los indocumentados con agua, ropa y albergue en la frontera, podrían en su momento ser acusados de tal delito federal.
De última hora se excluyó la negativa de dar ciudadanía a hijos de indocumentados nacidos en territorio norteamericano, uno de los capítulos que más polémica suscitó esta Ley.
Las reacciones en contra de esta nueva andanada contra la inmigración ilegal han sido abundantes y en algunos casos furibundas.
El canciller de México, Luis Ernesto Derbez, calificó de “manca” y “tonta” a la iniciativa, en tanto el ombusdman José Luis Soberanes afirmó que denunciará ante la ONU estos intentos norteamericanos de criminalizar a los inmigrantes.
Al interior de Estados Unidos los comentarios son contradictorios. Mientras demócratas y grupos de activistas se lanzaron en contra de George W. Bush y sus aliados, el representante Tom Tancredo, republicano de Colorado, dijo que la construcción de una valla de concreto en la frontera México-EU será “el mejor regalo de Navidad para los estadounidenses”.
Bush mantiene como de costumbre su postura ambivalente. Sacó una vez más de su escritorio el proyecto para un programa de trabajadores temporales al tiempo que apoyó las salvajes medidas propuestas por sus compañeros de partido en el proyecto de Ley que recibió 239 votos a favor y 182 en contra.
Lo más sorprendente de este enredo legal y político es la relativa importancia que los norteamericanos brindan al tema de la inmigración.
Una encuesta reciente señala que el 58 por ciento de los norteamericanos desaprueba la política de migración de la Casa Blanca y sólo un seis por ciento considera que este tema debe ser el más prioritario para 2006.
Pero esta aparente indiferencia es un arma de dos filos. Por un lado puede retrasar la discusión de estos temas el año entrante o por el contrario provocar más Leyes en contra de la inmigración en base a la presión de los grupos xenofóbicos que han proliferado en Estados Unidos y que no descansan en sus infames propósitos.
Otra figura por demás criticada en este sainete ha sido el presidente Vicente Fox y su Gabinete por no defender a los inmigrantes mexicanos con más fuerza y efectividad.
De tiempo atrás México frenó los esfuerzos serios y organizados para negociar el tema migratorio con el Gobierno de Bush, por cierto un Gobierno que está cada día más cerca del autoritarismo y la cerrazón tan combatida en el pasado por los norteamericanos.
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