Los ocho partidos políticos que contenderán en las elecciones del año próximo recibirán más de cuatro mil millones de pesos, en una escala que va de 82 millones destinados a cada uno de los dos partidos nuevos hasta mil 265 que corresponden al PRI (pasando por mil 146 para el PAN; 744 para el PRD, 383 para el Verde, 278 para el PT y 274 para Convergencia). El PRI recibirá algunas cantidades adicionales, o al menos lo harán sus miembros que organizaron agrupaciones políticas nacionales, a las que en conjunto se destinarán 657 millones de pesos.
Según cálculos del politólogo José Antonio Crespo, ese financiamiento público a las organizaciones políticas creció de modo descomunal, absurdo, desde 1991. De entonces a la fecha los recursos fiscales han aumentado ¡en cuatro mil por ciento!. El alza fue más pronunciada a partir de la reforma de 1996. Dos años atrás, los consejeros ciudadanos del IFE habían dictaminado que la elección había sido legal pero inequitativa, pues el PRI erogó más de dos tercios del total gastado por los partidos. De modo que la reforma mencionada se propuso corregir ese desequilibrio, pero el PRI como factor dominante en el proceso legislativo se las arregló para que la equidad partiera de altos niveles de ingreso y de gasto, para que no se echara de ver la pérdida de los apoyos gubernamentales que constituían un factor de la invencibilidad de ese partido. Equidad sí, pero no tanta que signifique riesgo, pareció ser la base de, la admisión priista de las nuevas reglas de la contienda. Por eso, a pesar de haber perdido la mayoría en las cámaras federales y en la Presidencia de la República, la mecánica de distribución del financiamiento público sigue beneficiando al partido antaño invencible.
Adicionalmente al abultadísimo presupuesto electoral del año próximo, las nuevas condiciones del sistema político, que propician una más temprana participación de protagonistas políticos en pos de la Presidencia de la República, hizo que el gasto electoral se ejerciera en grandes volúmenes desde este año, a pesar de que las campañas formales sólo se iniciarán a mediados de enero próximo. La empresa Verificación y monitoreo ha calculado que los aspirantes a las candidaturas del PAN y del PRI, sobre todo, y otros pretendientes a cargos de elección (el poder Ejecutivo y el Gobierno capitalino) gastaron entre el 15 de abril y el 18 de noviembre, poco más de novecientos millones de pesos. (El Universal, 21 de noviembre). Eso resulta de medir el número de mensajes en radio y televisión (sólo en la Ciudad de México), su duración y su costo conforme a tarifas establecidas. Puede no reflejar con exactitud el dinero erogado realmente. Pero aun si se consideran bonificaciones y descuentos estamos frente a cifras escandalosas en sí mismas que lo son en mayor medida porque, éstas en particular, no quedan sujetas a escrutinios rigurosos y en consecuencia quién sabe de dónde provienen y qué intereses reflejan.
El volumen del dinero electoral es todavía mayor del evidenciado en esas cifras. Por un lado, lo dilata el financiamiento público en los estados que en algunas entidades, como México, es ofensivamente cuantioso. Y, por otra parte, se acrecienta por el financiamiento privado. Si bien la legislación le impone límites, y el consejo general del IFE reformó hace dos semanas su reglamento de fiscalización para hacerla más severa, no está excluido que se monten mecanismos de financiamiento paralelo basados en una apuesta perversa sobre la base de lo ocurrido en 2000. La Alianza por el cambio integrada por el PAN y el PVEM pagó cerca de quinientos millones de pesos de multa por el dinero recabado y aportado por Amigos de Fox. Grave castigo, sí, pero irrelevante si de ello dependió la victoria presidencial. O sea que, aprovechando que las sanciones aplicables no modifican los resultados, puede haber audacias que elijan la eficacia que permite ganar ejerciendo recursos más allá de los permitidos y cubrir un costo pecuniario en canje de una ganancia política.
Contra el agraviante exceso de dinero aportado desde diversas fuentes a los partidos se han manifestado las agrupaciones Alianza cívica, Presencia ciudadana y Propuesta cívica, que iniciaron el miércoles una campaña para modificar la legislación electoral (concluido que sea el proceso en curso) para reducir a la mitad el financiamiento electoral. Esas asociaciones se proponen llegar a ese objetivo mediante dos acciones: reunir un millón de firmas, en los próximos cuatro meses, de diciembre a marzo, para demandar del Congreso federal la reforma correspondiente. Las firmas logradas en 17 entidades que han incluido la iniciativa popular en su legislación servirán también para satisfacer el requisito establecido en cada lugar para que los diputados locales enmienden las normas estatales respectivas.
Se trata de dar sonoridad a la exigencia ciudadana de frenar el derroche electoral. Los partidos en general, con la excepción del PRD que gastará diez por ciento menos de su financiamiento federal en la campaña presidencial, padecen conveniente sordera a este respecto. No oyen, o fingen no escuchar el reclamo ni siquiera de austeridad sino de mera disminución del boato, que todos los días expresan los ciudadanos. Los diputados aprobaron, sí, un presupuesto para el IFE menor en una décima parte al solicitado, pero la merma no afectará a los partidos, que entregarán el grueso de sus ingresos a los dos gigantes televisivos.
