SUN-AEE
MÉXICO, DF.- Para el sector privado del país, el Poder Judicial está considerado como el más corrupto en materia de administración pública, mientras que la Presidencia de la República ocupa el último lugar.
Al dar a conocer los resultados de la encuesta ?Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial?, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) precisa que para las empresas en México, el Poder Judicial es el más corrupto, seguido de Pemex, Aduanas y la Procuraduría General de la República (PGR).
Le siguen además el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en último lugar la Presidencia de la República.
En el estudio presentado por el director del CEESP, Mario Rodarte Escalante, el organismo señala que seis por ciento de los ingresos de las empresas están dirigidos a pagos extraoficiales para funcionarios públicos y otro porcentaje igual para el Poder Legislativo, con la intención de influir en nuevas leyes y regulaciones.
Detalla que 34 por ciento de las dos mil 650 empresas consultadas incurren en corrupción al ofrecer y dar ?mordida? para influir en funcionarios públicos de los niveles federal, estatal y municipal.
Expone que las compañías encuestadas consideraron que los estados más corruptos son Guerrero, Baja California, Distrito Federal, Nayarit y Morelos, en ese orden.
En tanto, abunda, las entidades federativas menos corruptas son Campeche, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tlaxcala, en forma sucesiva.
De acuerdo con el organismo privado, 20 por ciento de las compañías incluidas en el sondeo admitió que también realiza pagos extraoficiales para influir en leyes y regulaciones, lo que tiene un costo promedio anual de sus ingresos de 12 mil millones de pesos.
Precisa que los rubros a los que son destinados más recursos extraoficiales son los trámites ante el IMSS, los Servicios de Administración Tributaria (SAT), contratos de abastecimiento de energía eléctrica, policías locales, licencias de construcción y de obtención de servicios.
Refiere que los factores que influyen en la comisión de este ilícito son la excesiva regulación y el constante cambio de reglas y trámites.
Asimismo, añade, los factores de gobernabilidad que limitan el desarrollo de las empresas son la inseguridad (que incluye robo, crímenes y secuestros) así como la piratería, la economía informal, los sindicatos y la política fiscal.