El desafío de los capos de los cárteles del crimen organizado no es contra el conjunto del Estado, es un auténtico reto a la sociedad mexicana, a la paz social y a la seguridad jurídica.
Además es medio para enviciar a cada vez mayor número de jóvenes e incluso de niños, con lo que los podrán convertir en instrumentos controlables para la continuación de la escalada de crímenes, violencia, delincuencia y degradación moral y social de este noble pueblo mexicano.
Por ello es urgente que este pueblo ofendido en su conjunto y olvidándose de preferencias partidistas cierre filas en torno a las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo contra las mafias del narcotráfico y del secuestro.
Estamos viviendo un momento crucial en el que se puede constatar una valiente acción gubernamental para reprimir el terrible cáncer propiciado por el crimen organizado que en tiempos recientes logró fortalecerse merced a la amenaza de llenar de plomo a aquellos funcionarios e instituciones que buscaran combatirlos o bien que sucumbieron a la plata otorgada por ejemplo a aquellos que colaboraron activa o pasivamente no sólo en la dependencia encargada de organizar las giras presidenciales, sino también en muchas otras dependencias cruciales para la vida política, económica y militar de este país y no sólo en este sexenio.
Si en este momento los poderes Ejecutivo y Judicial primordialmente, no encuentran todo el apoyo social y de opinión pública que requiere la activa cruzada legal que demandan las circunstancias, el riesgo es que la mafia de pasos cada vez más audaces y decisivos para enseñorearse en este país.
Si no manifestamos conjunta y rotundamente todo el apoyo a policías, funcionarios públicos, militares, jueces y magistrados que con el valor con el que muchos héroes anónimos lo han hecho hasta ahora, enfrentan amenazas terribles, el riesgo que contemplará ese pueblo pasivo será la cada vez mayor dificultad por construir un auténtico Estado de Derecho y que la inseguridad, violencia e impunidad que se viven en muchas ciudades, se intensifique, con la consiguiente pérdida de la confianza nacional y el correlativo enriquecimiento de los mafiosos y de los funcionarios públicos coptados por el crimen organizado para que los respalden, apoyen, escondan, liberen de la cárcel, o les dejen dentro de ella seguir ejerciendo una activa labor de control y supervisión de sus mafiosos libres y campantes afuera de las rejas.
De no cerrar filas, esta población escéptica a las rotundas acciones que lleve a cabo el Gobierno en contra del narcotráfico, el peligro es que esa droga, producida y comercializada sin escrúpulos por estos zares de la depravación, siga apoderándose de mayor número de niños y jóvenes que perderán con ello la salud pero sobre todo la plena conciencia, la libertad y la capacidad de resistir otras muchas tentaciones que el crimen organizado les tiende para tenerlos como marionetas sin voluntad y sin resistencia frente a sus criminales intereses, hasta llevarles tempranamente a la muerte.