Los vendedores deberán tener al menos 13 categorías de información sobre el inmueble en negociación.
Agencias
MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la obligación de las inmobiliarias de registrar sus contratos ante la Profeco, así como de transparentar ante los compradores de vivienda, al menos 13 categorías de información sobre el inmueble, previo a la firma de las escrituras.
Al poner fin al litigio de más de un año que cientos de inmobiliarias y desarrolladores sostuvieron contra las reformas de 2004 a la Ley de Protección al Consumidor, la Corte resolvió por unanimidad que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para regular estas prácticas comerciales y con ello no invade la soberanía de los estados.
Una vez negados los amparos, entre la información que las promotoras de vivienda deberán seguir proporcionando están el proyecto de construcción, los planos estructurales, las opciones de pago, las proyecciones para los casos de crédito, las licencias y permisos, y las garantías de que no hay gravámenes sobre el inmueble.
Por lo menos mil 600 inmobiliarias promovieron amparos. La Profeco recibe cerca de ocho mil quejas anuales contra empresas del sector, usualmente porque no informan sobre gastos accesorios a la compraventa, como impuestos y notario, o por entrega de inmuebles defectuosos o fuera del tiempo pactado.
Los ministros rechazaron hoy 14 argumentos de 21 empresas inconformes, algunos fueron descritos por el presidente de la Corte, Mariano Azuela, como “de tal obviedad que no tiene sentido detenerse en ellos”.
Además, fue la primera sesión del Pleno de la Corte transmitida en vivo por el nuevo canal de televisión por cable del Poder Judicial, pues a partir de este jueves, todas las sesiones podrán ser vistas por este medio y por Internet.
El argumento más importante de las inmobiliarias era que, al regular cuestiones contractuales, el Legislativo federal invadió atribuciones de los Estados, que son los que tienen competencia sobre la materia civil y mercantil.
Pero si bien los códigos civiles estatales regulan los contratos de compraventa, el ministro Guillermo Ortiz explicó que la Ley de Protección al Consumidor únicamente estableció controles sobre los actos comerciales previos a la escrituración para impedir abusos contra el comprador.
“Se trata de normas preventivas para proteger un acto económico que es el más importante que muchas personas celebran: la compra de una vivienda”, dijo Ortiz.
Otro argumento de las inmobiliarias fue la violación a la garantía de libertad de expresión, a lo que la Corte respondió que la publicidad y los mensajes comerciales no gozan de total libertad y pueden ser regulados para someterlos a requisitos de veracidad y claridad.
El único punto de controversia fue el artículo 86 de la Ley, que impone la obligación de incluir en los contratos de adhesión una cláusula para que, en caso de controversia, la Profeco pueda intervenir para conciliar entre las partes.
Cuatro ministros afirmaron que esta obligación es inconstitucional, porque limita el derecho de los ciudadanos para acudir a los tribunales, al someterlos a procedimiento.
administrativo previo.
Sin embargo, la mayoría consideró que la ley no impone tal obligación, pues es optativo acudir al arbitraje de la Profeco.
Construirán más casas
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) invertirá, en un año, 12 mil 697 millones de pesos para la construcción de casas habitación en el país.
Benjamín Rico Moreno, presidente estatal del organismo, informó en entrevista que la industria de la construcción ocupa el octavo lugar del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, en los últimos años incrementó seis por ciento y superó a la manufacturera.
Los trabajos generarán 60 mil empleos directos y en especial será hechas viviendas básicas, pues tiene mayor demanda tiene y representan 55 por ciento del total de las viviendas edificadas.
El líder indicó que le siguen las viviendas sociales con 26 por ciento, las económicas con 12 por ciento, mientras que las de tipo residencial tiene sólo un seis por ciento.
El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) otorga un 77 por ciento en los financiamientos, seguido del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Rico Moreno indicó que en un menor porcentaje menor también otorgan créditos de instituciones como las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En síntesis
Estos son los puntos más importantes de la reunión:
n La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la obligación de las inmobiliarias de registrar sus contratos ante la Profeco, así como de transparentar ante los compradores de vivienda, al menos 13 categorías de información sobre el inmueble,
n Con ello se pone fin al litigio de más de un año que cientos de inmobiliarias y desarrolladores sostuvieron contra las reformas de 2004 a la Ley de Protección al Consumidor.
FUENTE: Agencias
