Hay disponibilidad en Ismael Hernández Deras; el anterior régimen fue ?cerrado y represivo?
Después de varios años, finalmente se están llevando a cabo diálogos con el Gobierno del Estado para vender la ex hacienda de La Ferrería, con lo cual se busca dar fin al litigio y que el Gobierno se quede con dicha propiedad así como sus inmuebles, declaró el representante legal de la familia Mertins, Jesús Edgardo Guillén Reyes.
Además, ya es intención de la familia Mertins vender dicha propiedad junto con los muebles, pero aún no se ha hablado de cantidades, agregó Guillén Reyes.
Aseguró que durante la pasada administración se intentó llegar a un acuerdo para terminar con el problema de la ?Casa Grande en Ruinas? como es llamada; sin embargo, el Gobierno anterior fue ?muy cerrado y represivo?, dijo.
Con el Gobierno entrante ya es posible vislumbrar un acuerdo que favorezca a ambas partes, mencionó Guillén Reyes, ya que Ismael Hernández Deras se ha mostrado flexible y con mayor disposición ante la situación actual y gracias a esto se está instrumentando un mecanismo para llegar a un arreglo, asentó.
Se estima que dentro de poco tiempo se pueden intensificar las negociaciones y empezar a fijar precio del inmueble, así como condiciones de pago, pero en este momento no se puede hablar de detalles sobre el particular porque todo sería especulación; lo que sí se puede asegurar es que hay disponibilidad de ambas partes para llegar a un acuerdo y que dentro de poco se puedan dar los pasos necesarios para la recuperación y rehabilitación del inmueble que es considerado un monumento con valor histórico y cultural.
Seguramente una vez que se lleven a cabo las negociaciones de compra-venta y de quedarse con el inmueble el Gobierno de Durango, se incorporaría a los múltiples atractivos históricos, culturales y arquitectónicos que tiene el estado de Durango.
Las condiciones de la ex hacienda
En una visita que realizó El Siglo de Durango, se pudo percibir que la ?Casa Grande en Ruinas? hace honor a su apodo, ya que al recorrer sus instalaciones es notorio el daño que la humedad y las lluvias han hecho a la pintura de paredes y el techo del lugar, ya que éstas se encuentran parcialmente destruidas tanto en la entrada principal como a los costados de la misma.
En esta visita el vigilante no se encontraba en las instalaciones debido a que acudió a la ciudad de Durango a realizar otras actividades, según habitantes de este lugar. Debido a esta situación no se pudo ver el interior de la ex hacienda; sin embargo, a sus alrededores pueden observarse restos de vidrio de botella así como basura que deja la gente principalmente en los costados y en la parte posterior.
La contraparte
El caso de la ex hacienda de La Ferrería se encuentra suspendido desde hace varios meses; sin embargo, se encuentra en su última etapa, ya que sólo falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamine a quién será entregada para que el Estado pueda demandar, señaló Carlos Galindo Martínez, asesor jurídico del Gobierno del Estado de Durango.
Comentó que, durante el juicio, la Suprema Corte de Justicia únicamente solicitó al Gobierno del Estado hacer entrega de la propiedad sin mencionar nada acerca de los muebles que se encontraban dentro de la construcción.
Cuando el Juez de Distrito emitió la resolución en el sentido de entregar el inmueble, el Gobierno del Estado planeó la entrega a los representantes de Banamex, dándoles a conocer fecha y hora y con la presencia del contador Vicente Guerrero; sin embargo, nunca acudieron a recibir dicha propiedad, por lo que se levantó el acta correspondiente, la cual fue dada a conocer al Juez, dijo Galindo Martínez.
Durante el juicio no se demostró quién era propietario de los muebles; únicamente se mencionó que debería ser entregado el inmueble, por lo que el rumor de que los propietarios deben recibir una indemnización son sólo mentiras del representate de la familia de los dueños, expuso el representante del Gobierno Estatal.
La base de esto es que el norteamericano Anderson, anterior dueño de la ex hacienda de La Ferrería pactó un fideicomiso con el banco para vender la ex hacienda de La Ferrería, apuntó Galindo Martínez; sin embargo, al ser vendida a la familia Mertins no se realizaron los trámites necesarios para crear dicho fedeicomiso, por lo que en la venta únicamente se habla del inmueble.
Otro punto importante es que los hijos del propietario de la ex hacienda declararon no haber estado ante un notario en la ciudad de Durango para autorizar el reclamo de la propiedad en La Ferrería, por lo que el poder que tiene el actual abogado de la parte demandante sería falso, explica Galindo Martínez; además, en los archivos que se tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores no hay un registro de la llegada de estas personas durante la fecha en que se otorgó dicho poder.
Agregó que el representante jurídico del banco antes mencionado se mostró inconforme con la decisión tomada, por lo que presentó una queja, la cual no prosperó, y al poco tiempo presentó una nueva para ganar tiempo; mientras tanto, el Gobierno tiene la custodia provisional.
El representante legal del Gobierno considera que la contraparte no acudió a recibir el edificio debido a que representa diversos gastos, tales como el jardinero, el velador y la manutención necesaria para conservar la propiedad en buenas condiciones.
Solamente se está esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a quién deberá entregarse la propiedad, para así poder demandar, mencionó Galindo Martínez, ya que este sitio cuenta con mucha antigüedad y es considerado colonial, por lo que, según lo estipulado en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado, dicho edificio puede ser reclamado por el Gobierno, así como los bienes que en él se encuentren.
Además, el uso de la ex hacienda de La Ferrería deberá continuar siendo de tipo cultural, no importa quién sea el propietario, señaló Galindo Martínez, ya que es considerado como parte del acervo cultural del pueblo de Durango.
Antecedentes
Patrimonio en riesgo
La ex hacienda de La Ferrería se destinó a museo en el sexenio de José Ramírez Gamero por decreto expropiatorio, mismo que fue revocado por autoridades federales en virtud de que los elementos de esta acción no se cumplieron, pues sus artículos históricos están fuera del edificio.
En el año de 1988, hacia el 10 de noviembre, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 38 se determinó el decreto expropiatorio de este inmueble, junto con los bienes muebles que contenía.
En el 2001, se promovió un juicio de amparo, en el Juzgado Tercero de Distrito, y éste se otorgó favorablemente para la familia Mertins basado en el artículo noveno de la Ley Conservadora y Protectora de Monumentos y Bellezas Naturales en el Estado.
Como no se cumplió con el fin de la expropiación y en vista de que los bienes muebles fueron extraídos sin motivo legal sustentable, el juzgado de referencia concedió el amparo a Banco Nacional de México, integrante del grupo financiero Banamex Accival, División Fiduciaria, contra los actos que reclamó y sobre las autoridades señaladas, misma que representa Edgardo Guillén. El banco fungió como fiduciario de la ex hacienda, a través de la que se determinó la propiedad de los bienes de los Mertins.
Una queja-denuncia contra el Juez Tercero de Distrito, ante el Consejo de la Judicatura Federal, fue formulada por Guillén Reyes, al considerar las actuaciones de esta autoridad como parciales e inadecuadas.
