Imposibilitadas madres educadoras para comprobar supuestas mejoras a los albergues.
La visita que realizó El Siglo de Durango a un Centro de Atención Infantil (CAI) dejó constancia de las irregularidades en las que ha incurrido Fundación Liyame, pues hubo promesas que esta institución hizo y que no cumplió, según lo mostró una de las madres educadoras, Martha Gómez Pizaña, y efectivamente, como lo han manifestado las responsables de estos centros, ellas no tienen ninguna copia de expediente de la obra que recibieron.
Martha Gómez tiene su CAI en la colonia Arturo Gámiz, en la calle Genaro Vázquez No. 223, en donde recibe hasta el momento a seis niños, pero generalmente tiene diez y es uno de los centros que están funcionando correctamente.
El recorrido que realizó este medio de información, en compañía de la titular de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Patricia Dávila Valero, así como Guadalupe Salas Cuéllar, responsable del Programa Hábitat en el departamento de Promoción Comunitaria, y del conocimiento de Eduardo Mendoza Ávila, subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda, dejó claro que hay incongruencias entre la información que dio a conocer hace unos días Fundación Liyame y la realidad que sucede en los CAI.
Se le pidió a la madre educadora el expediente en el que se informa a través de la Fundación toda la obra que se hizo en su casa, también del mobiliario y material didáctico que se proporcionó, pero indicó que no tenía nada; que, incluso, cada vez que hay una visita a través de Liyame, se les pide a las supervisoras una copia, pero después de un año de estar trabajando como madre educadora, hasta el momento no se le ha otorgado nada.
Las autoridades de Sedesol también piden en sus visitas estos documentos, pero no ha sido posible mostrarlos por las causas anteriores.
Cabe recordar que la vicepresidenta de Liyame, Gabriela Martínez, dijo a este medio de información hace unos días que cada una de las madres educadoras tenía copia de expediente, de tal modo que Martha no conoce los montos de las obras que se hicieron en su casa.
Mostró las instalaciones y Martha Gómez manifestó que hubo algunas promesas por parte del esposo de Cristina Aguilera, a quien sólo conoce como Jesús, y que le dijo que iba a darle solución a una fuga del baño, también de la instalación de tablarroca en la cocina, ofrecimientos que hasta el momento no se han cumplido. El lavabo y el fregadero que se instalaron en el CAI eran usados.
Por otro lado, dijo que tiene un ingreso de alrededor de cuatro mil pesos al mes, aunque a veces éste se incrementa con la atención de más niños. Las madres de los menores deben pagar 100 pesos a la semana para su manutención, situación en la que no ha tenido problema, pues siempre han sido puntuales con el dinero.
Explicó que pese a la puntualidad del pago, el dinero que recibe para ella y su familia no es suficiente, pues a su cargo están cinco de sus hijos a los que tiene que alimentar. El dinero que recibe del CAI es insuficiente para pagar luz, agua y teléfono; a veces tiene que endeudarse.
Debido a los escasos recursos con los que cuenta, su hija de 18 años, quien laboraba como madre auxiliar en el CAI, tuvo que comenzar a trabajar en un video para obtener un ingreso más.
Martha se encuentra feliz de estar atendiendo a los niños de las madres trabajadoras, pues con esto se ayuda, aunque sea poco, según dice. Esto le favorece, pues tiene a una hija con discapacidad a la que debe atender en casa, aunque le gustaría que le fuera mejor económicamente.
Esta madre educadora fue una de las que presuntamente firmó la renuncia pública que hicieron las madres educadoras hace unos días; sin embargo, ella continúa trabajando, pues necesita ese ingreso económico.
Dimisión
Necesitan renuncia formal
Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de Eduardo Mendoza Ávila, subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda, dijeron que sólo tienen conocimiento de cuatro madres educadoras que están en contra de los Centros de Atención Infantil (CAI), pero los otros seis siguen funcionando.
En el caso de los cuatro CAI que se encuentran sin funcionar, requieren la renuncia formal de las madres educadoras, para saber qué es lo que se va a hacer con estos casos y posteriormente resolver, pues la Sedesol es una institución normativa en este programa, mientras que Fundación Liyame y Desarrollo Social Municipal son ejecutores y supervisores.
