EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- La agrupación Fracciones Democráticas de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que no apoyará el proyecto para la creación de un hospital magisterial si no reúnen una serie de requisitos.
El coordinador de la agrupación, Humberto Viesca González, aseguró que alrededor de un 30 por ciento de la base magisterial no está de acuerdo con la forma en que se pretende aplicar para la realización de este proyecto, aunque sí considera necesario contar con una institución médica que les brinde servicios de salud acorde a sus necesidades.
En reunión con medios de comunicación, los integrantes de esta agrupación señalaron que debe existir un pronunciamiento a la opinión pública y los trabajadores de la educación para detallar la iniciativa, pues hasta ahora no hay nada claro en torno a las condiciones en que habrá de funcionar y si el equipo con se cuenta es apto para ser utilizado y brindar el servicio.
Se cree que la doble intención de crear un hospital magisterial es la privatización del ISSSTE, aspecto contra el que la corriente magisterial alterna ha estado luchando para que no se lleve a cabo, por todas las desventajas que traerá consigo.
Por otra parte, consideraron la necesidad de que se forme una asamblea de representantes delegacionales nombrados ex profeso que vigilen cada dos meses el buen funcionamiento y administración de la clínica y sus recursos, además de que sea el medio para proponer al Consejo de Administración las reformas o adecuaciones para su operatividad.
Deben establecerse convenios con los gobiernos estatales de Coahuila y Durango y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, para comprometer sus aportaciones en capital o en especie para la institución hospitalaria, además de que éstas sean dadas a conocer a la opinión pública por parte de los aportadores.
Al decir de Viesca González, debe garantizarse que la prestación del servicio será eficiente en calidad y cantidad para el futuro, pues de lo contrario se formaría un “elefante blanco” para el que los trabajadores deberán aportar 87 pesos de su salario quincenal durante tres años y medio, lo que consideran que debe aplicarse de acuerdo con la voluntad de los agremiados y no de manera obligatoria e impositiva.
Ayuda
La organización Alianza Pueblo Magisterio está apoyando las gestiones de las 300 familias que el pasado 24 de noviembre fueron desalojadas de terrenos que durante más de nueve años ocupaban junto a las vías del ferrocarril en la colonia Ampliación La Dalia, cuya comisión de 50 personas está en la Ciudad de México exigiendo una solución.
Manuel Valenzuela, integrante de dicha agrupación de maestros, señaló que el grupo de personas permanece “plantado” en el zócalo capitalino con la idea de solicitar la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados.
Las peticiones de este grupo de población son que se castigue a quien ordenó el desalojo de esa fecha, pues no había ningún documento legal que avalara tal acción, a partir de la cual las 300 familias se quedaron sin un lugar para habitar.
Por otra parte, consideran necesario que se les restituya el daño económico y moral que tales acciones ocasionaron entre ellos, toda vez que perdieron sus escasas pertenencias y hasta ahora, permanecen hacinados en terrenos cercanos al sitio de maniobras de Ferromex.
Según Manuel Valenzuela, los terrenos no son propiedad de la empresa sino de la antigua Ferrocarri-les Nacionales, incluso hay convenios de concesión de esa superficie a los trabajadores jubilados.
En ese sentido, resaltó que Ferromex pretende apoderarse de una superficie que no le pertenece.
