Denuncia el titular de la Femospp que irregularidades en la PGR impiden que se cumplan órdenes de aprehensión contra implicados en la llamada Guerra Sucia.
MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- En la Procuraduría General de la República (PGR) existe un conflicto de intereses que obstaculiza se cumplan siete órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos, implicados en la llamada Guerra Sucia,
denunció hoy Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Femospp.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), exigió que se cumplan los mandatos judiciales, cinco de los cuales son en contra de Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la
Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Aunque, Carrillo Prieto se negó a señalar los indicios que tiene y en qué área de la PGR se presenta este conflicto, que ha impedido que se cumpla con la detención de los presuntos responsables.
Asimismo, en compañía de sus principales colaboradores, indicó que ha solicitado al gobierno federal recursos por 200 millones de pesos para iniciar el proceso de indemnización para las familias de desaparecidos y presos políticos, como un compromiso que asumieron las autoridades además de las investigaciones judiciales.
También adelantó que antes de que concluya este año más de 200 casos de desapariciones forzadas serán consignadas ante un juez penal, ya que los expedientes se acumularán, pues alrededor de diez ex servidores públicos son los presuntos responsables de los hechos, en todos los casos.
Carrillo Prieto, al indicar que la Femospp está en su recta final, ante el año y medio que queda del sexenio, dio a conocer un balance de las actuaciones de la Fiscalía para "disolver la idea de que no sirve para nada ni ha hecho nada".
En este sentido, destacó que no sólo corresponde a la Fiscalía realizar esta tarea de concretar la rendición de cuentas del pasado por la vía judicial, por lo que criticó, por ejemplo, la actuación de algunos integrantes del Poder Judicial de la
Federación, como un juez en Hidalgo, que "emitió una resolución aberrante" y la semana pasada negó seis órdenes de aprehensión contra ex servidores de la entidad.
El juez consideró que no se acreditaba el delito de secuestro, pese a que las víctimas fueron detenidas y entregadas a la DFS (pues existe hasta un recibo de dicha entrega) y permanecieron detenidas ilegalmente durante tres años, hasta que su pista se perdió en el Campo Militar Número 1, y su paradero se desconoce
hasta la fecha.
Aunque la imputación más grave que hizo Carrillo Prieto fue señalar que dentro de la misma PGR hay un conflicto de intereses, que ha obstaculizado que se cumplan órdenes de aprehensión, contra Luis de la Barreda Moreno, el ex procurador del Estado de México, Miguel Galindo Camacho, y el ex director de la Policía Judicial de Nuevo León, Carlos Solana Macías.
