Los mexicanos tenemos una marcada tendencia al melodrama. Esta vocación sufridora explica, entre otras cosas, el éxito de las telenovelas y lo que hoy sucede en torno al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Lo único cierto hoy es que el tabasqueño decidió no regresar al Gobierno del Distrito Federal, pero no porque haya sido desaforado por la Cámara de Diputados sino que no está dispuesto a “brindar un nuevo pretexto a leguleyos de cuarta”.
Dice que “desde ahora todos los asuntos relacionados con la administración están a cargo de Alejandro Encinas”, pero el aludido señala que sería el responsable del despacho sólo por unos días. Y aún más: a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la bancada del PRD presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual pretende impugnar el procedimiento por el cual la Cámara de Diputados desaforó al jefe de Gobierno. Los perredistas ingresaron la controversia constitucional a través de la Oficialía de Partes de la SCJN, en ella piden que se les conceda una suspensión para que mientras se resuelve el fondo del asunto, se mantengan las cosas como están. Esto es, que López Obrador no sea desaforado ni inhabilitado como jefe de Gobierno.
Y mientras tanto, el Diario Oficial de la Federación publicó el dictamen emitido por la Sección Instructora, donde indica que la Cámara de Diputados declaró que ha lugar a proceder penalmente en contra de López Obrador como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en el que ha quedado acreditada la existencia del delito de violación a la suspensión, previsto en el Artículo 206 de la Ley de Amparo, y por probable responsabilidad del servidor público imputado; también que el mandatario local queda separado del cargo en tanto esté sujeto a proceso penal y en consecuencia a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la Ley.
Pero la PGR aún no radica el expediente en un juzgado y mucho menos un juez ha obsequiado la orden de aprehensión correspondiente, por lo que formalmente aún no inicia el proceso penal. ¿Habrá alguien en este país, que sin las vísceras por delante, sin caer en la tentación del juego maniqueo; que sin partir de la base irracional de que uno es un santo y el otro un demonio, pueda decir qué es lo que está pasando exactamente?