Poco puede decirse sobre la democracia que no esté ya abundantemente explorado. México ha invertido décadas de esfuerzos y no pocos sacrificios, incluso tiene héroes que sufrieron encarcelamiento y hasta la muerte para que todos avanzáramos hacia la meta de contar, reconocer y respetar el voto.
Nuestro Instituto Federal Electoral, el IFE, por mucho que puedan algunos criticar su alto costo y lo extenso del Cofipe, que le sirve de norma, es un organismo de fama y prestigio internacional. Sus funcionarios no sólo dan asistencia técnica a países latinoamericanos, sino a lugares tan remotos como Irán, Irak, y Afganistán. Es anfitrión de personalidades y expertos extranjeros que llegan a observar cómo opera el modelo electoral que ya podemos llamar mexicano.
En estos últimos años hemos aprendido mucho. No ha bastado dejar atrás el molde de un partido de Estado para lograr una sociedad cabalmente democrática. El que se hayan reducido a un mínimo las controversias post electorales, no ha asegurado que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos integrados con representantes populares, coordinen sus respectivas funciones para beneficiar al país.
La desastrosa paradoja que hemos presenciado en este sexenio, es la de un presidente incontestablemente popular bloqueado para el cumplimiento de sus compromisos de campaña por un Legislativo rijoso y sin rumbo.
El fenómeno se explica en la incapacidad que han mostrado las fuerzas políticas que operan en ambas Cámaras del Congreso, para lograr consensos negociados que traduzcan en leyes los intereses que todos afirman querer promover. Las reformas urgentes que el país necesita y en las que el presidente ha insistido reiteradamente, requerían la decisión legislativa caso por caso. En el sistema presidencial es indispensable el trabajo concertado de ambos poderes.
Temas como el desarrollo equitativo, la reforma energética, la modernización de las leyes laborales, una política fiscal más justa, figuran en los mandatos que cada una de las fuerzas políticas que integran el Congreso ha recibido de sus electores. Diferentes enfoques y percepciones políticas para cumplir esos compromisos tenían que conciliarse, si de verdad todos buscan el avance nacional.
México se rezaga frente a otros que han dado pasos vigorosos hacia adelante. El país ha salido perdiendo. El pueblo lo sabe.
Si todos los actores políticos reconocen la necesidad de dar solución a problemas apremiantes para el país, cada uno de los partidos encontraría que puede presentar de manera convincente ante sus electores las leyes consensuadas como un logro suyo. Hay que insistir en hacer trabajar al Poder Legislativo de manera que cada uno de los partidos que lo integran, sepa encontrar la ventaja que derivan en una acción legislativa en la democracia y no en bloqueos del Congreso con tan deplorables resultados.
Al no haberse producido el trabajo Legislativo que el pueblo esperaba ningún partido ha salido ganador del impasse. Mucho menos la nación.
La próxima sesión extraordinaria del Congreso ofrece una oportunidad, quizá la última del sexenio, para resolver algunos de los pendientes agendados como el voto de los mexicanos en el exterior, solución de las controversias presupuestales, ajustes al sistema de Pemex y seguridad pública y justicia. Para que opere la democracia se requiere de los consensos. Sin ellos las esperanzas del elector, cuyo voto ya es respetado, quedan frustradas.
Coyoacán, junio de 2005.
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