La ciudad de Torreón tiene la urgente necesidad de resolver dos problemas añejos: los vendedores ambulantes sin control los cuales invaden banquetas y calles dificultando el libre paso de los transeúntes y el rescate del centro de la ciudad el cual cada día luce más locales vacíos y menor actividad comercial. Se han hecho muchos intentos por resolver estos problemas y todos han fracasado hasta ahora. ¿Debemos resignarnos los torreonenses a vivir con esos dos problemas? ¡Cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar por la solución?
Hay una ciudad en nuestro país que ya resolvió el problema del ambulantaje sin recurrir a la violencia y sin condenar a la miseria a gente que no hallaría empleo en otra cosa fuera de esta actividad. Querétaro redujo el número de vendedores ambulantes de 2005 puestos a solamente 554 reubicándolos en andadores en donde la gente puede transitar con toda libertad y en donde los vendedores ambulantes pueden ofrecer sus productos en instalaciones adecuadas que no afean la ciudad.
La solución no fue sencilla ni se consiguieron resultados de la noche a la mañana. El gobierno municipal electo en 1997 invirtió los primeros dos años en levantar un censo del comercio callejero; cualquiera pensaría que levantar un censo de esta naturaleza es tarea de unas cuantas semanas; así sería de no ser por la presencia de seudolideres, organizaciones políticas corporativistas y explotadores de trabajadores ambulantes quienes les exigían el pago de cuotas de protección.
El censo realizado documento el giro que tenían los puestos y las características de cada punto de venta, incluyendo los principales datos socioeconómicos de los propietarios determinando si cada ambulante necesitaba efectivamente esa fuente de ingresos y se descubrió que muchos eran dueños de dos o más changarros y que además explotaban a ambulantes marginados, rentaban varios puntos de venta o ni siquiera vivían en el municipio.
Una vez terminado el censo, las medidas que se tomaron fueron las siguientes: Para terminar con el negocio de los liderzuelos que rentan banquetas, se reemplazaron los papeluchos con siglas de algún partido político u organización fantasma por credenciales difíciles de falsificar, con fotografía y código de barras que indicaban el nombre completo del comerciante, el giro del negocio, el espacio autorizado a ocupar, el tipo de puesto y la vigencia del permiso. Un pequeño ejercito depurado de 39 inspectores municipales visita los puestos callejeros varias veces al mes y todo vendedor sorprendido sin la debida autorización o con documentos apócrifos, es retirado es retirado de inmediato.
Las autoridades y los ambulantes acordaron que los permisos se concedieran solamente a los vendedores que vivieran en el área metropolitana y otorgar solamente un espacio por núcleo familiar, por ejemplo, que dos miembros solteros de una misma familia se tendrían que conformar con un solo permiso. El ayuntamiento cobra una módica renta por uso de banqueta y quienes gozan de los permisos no los pueden subarrendar, vender ni traspasar pues con ello perderían su permiso. Cada comerciante que cumplió con todos los requisitos, recibió un carrito desmontable o un localito de ladrillo de dos por dos metros acondicionando los espacios en las calles céntricas más transitadas de la ciudad ubicando a los vendedores en zonas contiguas a su asentamiento anterior con el objeto de que no perdieran clientela. Por otra parte, a las personas que no fueron aceptadas en el programa, se les impartieron cursos de capacitación laboral para ser promovidos en la bolsa de trabajo municipal. Ninguno quedó sin fuente de empleo.
A partir de enero de 2000, las lonas mecates estructuras de acero hechizas, cilindros de gas, cajas de mercancías y montones de basura que obstaculizaban el tránsito de las principales avenidas, desaparecieron para dar paso a hileras ordenadas de carritos pintados todos de los mismos colores. Dependiendo del giro y la ubicación de cada negocio, todos disponen de luz eléctrica con medición del consumo y los que venden alimentos tienen tanques de gas estacionarios y agua potable. Los inspectores municipales siempre andan vigilando para evitar que s metan carritos no autorizados, pero quienes son los más interesados en evitar invasores, son los propios ambulantes autorizados.
A los carritos se les da mantenimiento periódico y se cuenta con lugares especiales a pocas calles de distancia para guardarlos durante la noche, cuentan con taller de hojalatería y pintura además de instalaciones sanitarias y vigilancia de la policía municipal aprovechando estos lugares también como bodega para guardar mercancía.
El proyecto de regularización necesito diez millones de pesos los comerciantes se comprometieron a pagar cuotas entre 150 y 300 pesos mensuales, representando menos de lo que pagaban de ?contribución? para tener la protección de sus viejos liderzuelos. No todo fue ?perita en dulce?, hubo furiosos ataques de seudoperiodistas que calificaban al alcalde de dictador y algunos de los funcionarios municipales sufrieron agresiones físicas por turbas azuzadas por las ?organizaciones populares?. El gobierno municipal, con el apoyo total del pueblo, rechazó las presiones exigiendo la aprehensión de los liderzuelos.
El alcalde de Querétaro dice que la receta para controlar el problema del ambulantaje es muy sencilla: brincarse las bardas corporativistas y tratar con los verdaderos comerciantes ya que los falsos líderes solo entienden de extorsión, chantaje y soborno.
Comarca Lagunera. Noviembre, 2005.
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