El tiempo pasa volando. De manera especial los acontecimientos de esta semana me corroboraron esa sencilla e irrefutable sentencia que por lo común solemos decir sin percatarnos de cuánta verdad se encierra en ella.
Los tiempos electorales se nos han venido encima y ya hace seis años que precisamente por estas fechas andábamos, como se dice en el argot político, “encampañados”.
En julio del 99 los candidatos a la gubernatura recorrían el estado en busca del voto popular, sólo que en aquel entonces competían únicamente dos. Por un lado, Enrique Martínez por el Partido Revolucionario Institucional y por el otro Juan Antonio García Villa, por la coalición de partidos más grande que hasta esa elección se había creado.
Pero en ese año la Ley marcaba tiempos más amplios para la selección de candidatos y la realización de campañas (en marzo ya había candidato) lo que no sucede en la actualidad en que la nueva Ley ha recortado substancialmente esos tiempos.
Aunque sólo en los aspectos referentes a la configuración del Tribunal Electoral y el capítulo relativo a los recursos jurídicos, me tocó participar en la mesa de negociaciones que se integró para confeccionar la nueva Ley. En ella se reunieron todos los partidos con registro y los representantes de los tres poderes. Sin embargo, entonces estimé pertinente que se acotaran los plazos para realizar campañas y la forma de hacer propaganda electoral.
La razón para pensar así es que estoy convencido que es mucho el dinero que se invierte en propaganda política y que la gran mayoría de ese dinero se desperdicia pues al final de cuentas sólo un candidato resulta ganador.
También considero que la gente, el ciudadano común, se harta de que partidos y candidatos lo bombardeen todos los días, todo el día, durante meses con sus mensajes de campaña y se harta a tal grado que termina por no acudir a las urnas.
Sin embargo, frente al escenario actual y analizando la forma en que se están realizando los procesos internos para la selección de candidatos, creo que pasando la elección va a ser necesario un proceso de reflexión y análisis para decidir la conveniencia o inconveniencia de que la Ley permanezca como está.
Pero tendrá que ser un proceso maduro, profesional y razonado. No caprichoso o convenenciero. No pensando en qué es lo que les conviene a los partidos, sino qué es lo que le conviene a la ciudadanía.
Ello va a ser necesario, pues considero que la democracia tiene varias formas de implementación y no siempre las contiendas abiertas, las campañas cortas y otras reglas semejantes son las que garantizan la mejor selección de candidatos.
Pongamos como punto de reflexión y análisis lo que está sucediendo hacia el interior del Partido Revolucionario Institucional en el que de acuerdo a la convocatoria que emitió este Partido los procesos de selección de candidato a la gubernatura y los de ayuntamientos y diputados locales serán mediante consulta abierta a la ciudadanía.
Por lo pronto, este jueves quedaron registrados cuatro candidatos para contender en esa votación abierta a la ciudadanía, lo que implica que el próximo día 17 toda aquella persona con credencial de elector podrá votar sea o no priista.
Quien resulte triunfador de ese proceso en el que la votación, se estará registrando ante las instancias electorales entre el 29 de julio y el tres de agosto.
Pero en el ínterin se deberán haber llevado al cabo los procesos abiertos a la ciudadanía para elegir candidatos a alcaldes y diputados locales, los que se desarrollarán el 31 de julio.
¿A qué horas -me pregunto- se va a realizar toda la operación política de conciliación? Porque después de esos procesos irremediablemente siempre quedan lesiones, agravios, reclamos entre los contendientes. Y esto sin olvidar las impugnaciones jurídicas que pueden surgir de quienes resulten vencidos en esa elección. Porque es evidente que los procesos electorales se han judicializado.
Claro está que primero tendrán que restañarse las heridas que dejará la elección de candidato a gobernador, de manera tal que los dirigentes del Partido tendrán que echar mano de un equipo especial de “médicos y cirujanos” políticos para medio curar esas heridas de guerra, con el objetivo de llegar en condiciones de dar la pelea en la constitucional.
¿Se sabe siquiera cuántos precandidatos a alcaldes y diputados hay actualmente en los 38 municipios y los 20 distritos del estado? Creo que no.
Porque de acuerdo con el calendario electoral a más tardar para el día 12 de julio el Partido (al igual que todos los otros) deberá registrar candidatos a alcaldías y diputaciones. Pero previamente tendrá que haber integrado planillas y bien se sabe que en esa integración la lucha por las regidurías y sindicaturas es feroz.
A su vez, las listas de preferencias (plurinominales) sobre regidores y diputados deben estar registradas para el día 20 de agosto y esa es otra tarea de negociación política difícil de realizar también por el hecho de que las batallas por esas posiciones son encarnizadas.
Espero equivocarme. Pero creo que están a contrarreloj y me atrevería a afirmar que el tiempo corre inexorablemente en contra del Partido.
