Hace 37 meses, en la víspera de la Navidad de 2001, los trabajadores de Continental en El Salto, Jalisco, encontraron cerrada la planta, dedicada a la fabricación de llantas marca Euzkadi. Emprendieron desde entonces la defensa de sus derechos laborales con una tenacidad que se vio recompensada el lunes pasado, cuando se reiniciaron las labores en ese lugar, ellos como sus propios patrones.
Nos detendremos pormenorizadamente en otra oportunidad en las vicisitudes de los trabajadores, a que nos referimos en este mismo lugar en más de una ocasión. Por ahora subrayamos que su perseverancia, su lucha en varios frentes jurídicos y políticos y su capacidad de persuasión, consiguieron de la empresa alemana que los empleaba (y que adquirió hace tiempo la compañía norteamericana Continental Tire) su anuencia para que los trabajadores adquirieran el cincuenta por ciento de las acciones de la planta jalisciense, concretado en los activos industriales que ahora los propios obreros gestionarán a través de una sociedad cooperativa.
La compra fue posible con la suma de las indemnizaciones que unilateralmente depositó la empresa al comienzo del conflicto y el importe de los salarios caídos, prestación ganada por la prolongada huelga que en defensa de sus derechos mantuvieron los trabajadores. El restante porcentaje del capital fue adquirido por Llanti Systems, una empresa mexicana establecida en Querétaro, con la que se asoció la nueva cooperativa. La decisión de Continental fue posible por la intervención de un grupo de accionistas críticos, denominación que adoptan tenedores de papeles que esperan de las empresas en que invierten una actuación responsable ante su clientela, sus proveedores y sus trabajadores.
Después que las autoridades laborales favorecieron a la empresa durante la huelga (al punto de crear una aberrante nueva calificación, pues la consideraron inviable, categoría que no existe en la Ley del Trabajo), a la postre contribuyeron al avenimiento entre las partes y en noviembre pasado se firmó el convenio cuya concreción ocurrió anteayer. En el acto de formalización del convenio (a que acudió el presidente Fox), el secretario del trabajo Carlos Abascal hizo, en buena hora, un elogio de la organización cooperativa. Será en mejor hora que su apreciación sobre esa manera de agrupación productiva de los trabajadores se refleje en programas de Gobierno que la alienten.
Aunque las sociedades cooperativas han padecido altibajos y enfrentado severas dificultades a menudo surgidas de la corrupción (el caso más doloroso es el de las cooperativas de crédito en que vivales despojaron de su breve patrimonio a muchas personas) y a pesar que han perdido los privilegios fiscales y de otro género que les permitieron prosperar (aunque auspiciaron también la simulación, como fue notorio en la pesca), constituyen todavía un adecuado modo de organización para producir, consumir y practicar el ahorro y el financiamiento.
Algunas cooperativas de magnitud y tradición conocidas han podido enfrentar con éxito la ruda competencia de las sociedades mercantiles de dimensión global. Ejemplos claros de esa prosperidad lo son Cruz Azul y Pascual. Aquélla surgió también de una huelga, en los años treinta, en su única planta de entonces, situada en Jasso, Hidalgo, que se convirtió después precisamente en Ciudad Cruz Azul. Presente en el mercado nacional e internacional del cemento, ha multiplicado sus fábricas y se ha convertido en factor relevante de la cultura popular con su equipo de futbol, capaz de desposeer a los Pumas del dinamismo de Francisco Fonseca, Kikín. Pascual, a su vez, surgió como cooperativa también de un conflicto laboral cuyos resabios, por cierto, pueden afectar hoy su bien ganada prosperidad. El antiguo propietario de la firma refresquera, que combatió con violencia la huelga, era dueño del predio donde se erige, en la colonia Tránsito del Distrito Federal, el local primigenio. El terreno fue expropiado por causa de utilidad pública pero no se han agotado las defensas jurídicas emprendidas por el afectado, que puede reivindicar su propiedad y forzar el desalojo.
Sería grave el problema que la cooperativa Pascual enfrentaría si debe restablecer sus instalaciones en otro sitio. Pero es de menor dimensión que los padecidos por una cooperativa en trance de dejar de serlo, la que edita el diario Excélsior. Durante casi un cuarto de siglo en que su conducción fue usurpada por un bandolero traidor, se perdió la sustancia del trabajo cooperativo, lo que junto a la pudrición del ethos periodístico produjo la acelerada declinación de esa empresa. Discordias internas empeoraron la situación día a día. En diciembre finalmente se cumplió una sentencia judicial que permite la reconstrucción de la legalidad interna, requisito necesario para que la cooperativa deje de serlo y sus activos sean vendidos a particulares.
El presidente del consejo de administración legítimo firmó el lunes un desesperado pedido de auxilio al Gobierno Federal, porque las incumplidas obligaciones fiscales y frente al IMSS han dado lugar a medidas que aceleran la inviabilidad de esa empresa. Argumentando que los cooperativistas no solicitan dádivas ni trato de privilegio, demandan del Gobierno “comprensión y tiempo razonable y no acciones agresivas, que nos impidan poner en orden nuestra casa y preservar la fuente de empleo y sustento de más de 1,200 familias dependientes de esta casa editorial... nuestro único patrimonio”.
