EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- María Inés Garza Orta, contralora del Gobierno del Estado, reconoce que Torreón tiene pendiente el retiro de unidades que obtuvieron placas de manera ilegítima hace dos años, pero destaca que la cuestión es responsabilidad al Municipio, que debe tomar acciones al respecto.
Explica que se llevó a cabo una auditoría por parte del Estado al Municipio de Torreón por el otorgamiento de placas de forma indebida, pues la documentación que se había solicitado no iba acorde a la Ley de Transporte.
?Nosotros procedimos de acuerdo a los resultados que arrojó la auditoría, inclusive se inició un procedimiento de responsabilidades administrativas contra quien era el delegado de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado y otros funcionarios que trabajaban al interior de la dependen-cia?, manifiesta.
La titular de la Contraloría señala que este departamento no pudo comprobar que los servidores públicos hubiesen recibido dinero a cambio del otorgamiento de las placas, pero sí se encontró una falta de revisión oportuna en el proceso de licitación, por lo que tuvo lugar una sanción administrativa, que concluyó en la suspensión e inhabilitación de los funcionarios para el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, Garza Orta subraya que el retiro de las unidades de transporte que no habían cumplido con los requisitos, ya no estaba en función del Gobierno del Estado, sino en poder del propio Municipio.
?Lo que corresponde al Gobierno del Estado, sí lo hicimos?, indica, ?se quedó pendiente ver con los transportistas qué había sucedido con estas placas que obtuvieron de forma ilegítima?.
?Las personas que obtuvieron sus placas de forma ilegítima, ya sea porque las concesiones no sean del todo correctas o porque los documentos no están bien en el expediente, no tienen derecho de andar circulando, están de forma indebida?.
La funcionaria insiste en que la delegación no era la autoridad responsable de llevar a cabo el retiro de estas unidades de la circulación, sino el Municipio.
Sin participación
Sobre las irregularidades encontradas en la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEPC) en la Auditoría Superior de la Federación, la cotralora de Coahuila, María Inés Garza Orta, explica que el Órgano Interno de Control no ha participado y lo único que se les ha solicitado es que, en caso de considerarlo, inicie un procedimiento de responsabilidades por cerca de 250 mil pesos que no lograron justificar por algunos pagos hechos de más a algunos funcionarios.
?La mayor parte de las observaciones ya fue solventada y algunas tienen 45 días para ello?, manifiesta, ?no conozco los pormenores de la auditoría, sólo tengo el comunicado de la Auditoría Superior donde da una serie de recomendaciones, entre ellas, que podamos intervenir con esta cantidad en un procedimiento de responsabilidades administrativas?.
Señala que el organismo tiene un convenio con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por lo que la auditoría se llevó a cabo directamente sin la intervención de la dependencia a su cargo.
?Si se llegan a comprobar irregularidades no solventadas, se recomendará que procedan de acuerdo a la Ley de Responsabilidades o a la Ley del Código Penal, si en su caso fuese, pero yo no tengo datos de la auditoría?.
