Condena el Secretario de Seguridad ejecución y atentados contra comunicadores
La sociedad no debe permitir que las tareas de prevención y combate delictivo ?se pinten de colores partidistas? en esta época de precampañas electorales, dejó claro en su visita a Durango el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta.
Por otra parte, tras reconocer que las corruptelas siguen vigentes en el ámbito de seguridad, el funcionario emplazó a los duranguenses a denunciar a los policías corruptos, y a éstos a que definan de qué bando están, pues ?los policías son policías y los delincuentes deben ser perseguidos por los policías?, dijo.
El titular de la SSP del Gobierno Federal estuvo este viernes en Durango, donde participó en la entrega de 200 patrullas a presidencias municipales, así como en un encuentro con los diferentes segmentos de la sociedad duranguense para la presentación del Plan Sectorial de Seguridad Pública del Estado.
Luego, en rueda de prensa, condenó la reciente ejecución y los atentados contra periodistas cuyo trabajo informativo se liga a la denuncia pública de grupos delictivos y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
?Estos actos hacen que se unan el Gobierno y la sociedad contra la delincuencia. Los responsables no podrán permanecer al margen de la ley por mucho tiempo?, declaró, tras afirmar que ?estos actos criminales contra periodistas no quedarán impunes?.
En ese sentido, comprometió abordar el tema en la sesión del mes de mayo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de crear junto a los gobiernos estatales y municipales el Sistema de Atención a Periodistas con Amenaza Real del Crimen Organizado.
Su diagnóstico sobre la delincuencia en Durango fue en el sentido de que es una de las diez entidades con menor indicador de violencia delictiva; sin embargo, aclaró el riesgo que representa el hecho de ser parte fundamental en la ruta de la droga a la frontera norte de México.
En el encuentro con medios de comunicación, Ramón Martín Huerta informó que en el actual sexenio federal se han invertido en el país más de 27 mil millones de pesos a tareas de seguridad pública; aunque admitió que no se equipara la fuerza de los cuerpos policiacos con la fortaleza de los recursos humanos, materiales y económicos de la delincuencia organizada.
Sin tapujos reconoció que los ?talones de Aquiles? de la Secretaría a su cargo son las ciudades fronterizas; al norte por la combinación del narcotráfico, el narcomenudeo y los asuntos delictivos de carácter migratorio; y en la frontera sur principalmente por las consecuencias del fenómeno de la migración.
Respecto de los señalamientos de que la delincuencia ha rebasado a los gobiernos en localidades como Tamaulipas o Sinaloa, Huerta negó categórico que el Estado mexicano no ha sido rebasado por la inseguridad, aunque sea ésa la sensación que puede percibirse cuando se juntan hechos delictivos en una sola entidad, como Tamaulipas.
?La presencia de la Policía Federal Preventiva en esa zona hace notar que hay penetración de la delincuencia en los cuerpos policiacos. Por eso el llamado a que se definan éstos de qué bando están. Si hay delincuentes dentro de los cuerpos, que se vayan con la delincuencia?.
Explicó que en los últimos diez días han sido asegurados 150 vehículos de lujo en la zona fronteriza de Laredo y Nuevo Laredo, propiedad de delincuentes; así como armas, parque, seis toneladas de droga y decenas de detenidos. ?Pero el reto ahora es pararles el alto?, puntualizó.
Expuso que las ciudades más conflictivas son el Distrito Federal y las de la franja fronteriza del norte y sur del país, mientras las más seguras son Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Colima.
Finalmente, señaló que en el Congreso de la Unión se analiza actualmente un paquete de reformas legales para trasladar facultades a estados y municipios en el combate del narcomenudeo, principal problema que requiere de la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales para lograr contundencia.
¿Quién controla los penales?
Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública federal, dijo que a raíz de la sensación social de que los centros penitenciarios del país estaban fuera de control de las autoridades, intervino el Gobierno Federal para desactivar conflictos y potenciales problemas en penales como La Palma.
Argumentó que en este reclusorio se presentó la situación de que se reagruparon dentro grandes delincuentes y capos del narcotráfico, lo cual ponía en riesgo la seguridad del lugar. Por ese motivo ?explicó- se decidió cambiar de penal a los que tenían relación entre sí y se intensificaron las labores de seguridad interna.
Sin embargo, las acciones recientes del Gobierno Federal han generado que los internos presenten hasta 400 amparos diarios en promedio, en contra de cualquier situación que consideren afecta sus derechos... ?casi casi los promueven hasta porque un celador los voltea a ver?.
Aquí abordó la situación penitenciaria de Durango, y tras decir que la entidad cuenta con 12 penales y cerca de tres mil 100 internos, puntualizó que no se tienen problemas de sobrepoblación mayor.
Ain así se comprometió a agilizar el descongestionamiento de reos federales a través de los beneficios de preliberación a quienes tengan el derecho y sean avalados por el Ejecutivo.
Con respecto a la sensación de que corrupción es sinónimo de policía o de custodio penitenciario, rechazó: ?Yo no puedo estar de acuerdo con que el policía es corrupto, porque nos hemos dedicado a combatir eso y porque muchísimos son honestos. Es que es más fácil denigrar?.
Refirió que el Banco de Datos de la SSP, en el cual se lleva un seguimiento de lo que son y han sido los policías del país, es confiable en un 80 ó 85 por ciento, y es incluso consultado por la mayoría de las corporaciones policiales.
