Escribíamos en estas mismas páginas en días pasados un artículo en el que considerábamos el lamentable estado en el que se encuentran nuestras carreteras tanto libres como de cuota, un tema entre tantos otros que inciden en la especificación de nuestro “costo país”, rubro específico que implica entre otras cosas, la consideración objetiva respecto de las facilidades de infraestructura existentes en México, comparándolas con las de otros países del mundo para ver qué tan caro o tan barato puede resultar con dicha infraestructura, producir, vender y exportar bienes y servicios.
A partir de dicho “costo país” se comparan los costos fiscales de diferentes países no sólo en lo que a las tasas y bases fiscales se refiere, sino también y sobretodo en lo que ve a la eficiencia de la administración gubernamental respectiva, en el sentido de poderse sopesar con parámetros por demás objetivos, la relación existente entre porcentajes de recaudación a los contribuyentes, respecto de los beneficios en obras y servicios públicos que reciben.
En buena medida ese costo país nos habla de la eficiencia real que tiene cada Gobierno, en lo que respecta a la administración que haga de ese dinero público, premiándose en esos parámetros de “costo país” a los gobiernos que mantienen un bajo gasto del rubro eminentemente administrativo y que por ende dedican la mayor parte del dinero recaudado a gastos de inversión y de infraestructura, a gasto social: educativo, de salud pública, de fomento a la investigación y la cultura y mucho menor medida a soportar el aparato burocrático dedicado específicamente a la administración de esos recursos del contribuyente.
En este punto México desgraciadamente sale mal parado. Nuestro costo país es muy poco competitivo con países con los que incluso tenemos desde hace años, acuerdos de libre comercio. Buen porcentaje de nuestro presupuesto de egresos se va simplemente en mantener un aparato administrativo obsoleto e infuncional que limita por tanto los recursos que pudieran dedicarse al gasto gubernamental productivo, al pago de la deuda externa e interna contraída sobre todo para pagar gastos administrativos de otros tiempos y por supuesto al gasto social que procure mejorar los niveles educativos y de salud pública de tantísimos millones de mexicanos que se encuentran marginados.
Ese gasto administrativo inhibe también la modernización de nuestros medios de comunicación: carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos que rápidamente se tornan obsoletos en tanto que ese sistema en otros países es mucho más eficiente y atractivo.
La tendencia mundial en todas las corporaciones está en la reducción sustancial de los gastos administrativos, merced al uso de instrumentos que la técnica moderna ha venido desarrollando para optimizar administraciones.
Ese principio de eficiencia funcional también debe ser aplicable a los gobiernos y quizá con mayor exigibilidad que a las grandes corporaciones privadas, puesto que en el primero de los casos se está manejando el dinero público, además de provocar el desinterés de la inversión extranjera privada por no ser competitivo su “costo país”.
