La gobernabilidad consiste en cómo las reglas del juego que van desde la Constitución y leyes formales, a las tradiciones y relaciones informales, se aplican y afectan las relaciones de los integrantes de una sociedad, como son el Gobierno y los particulares, y su operación eficaz es clave para promover el desarrollo económico de un país.
Los sucesos vinculados al proceso de desafuero de Andrés López son un ejemplo más de la crisis de gobernabilidad que hay en el país, donde las leyes y los procesos se hacen a un lado en aras de intereses políticos y una lamentable confusión que equipara el desprecio del estado de derecho con la paz social.
La imagen que transmiten nuestros gobernantes de que actúan como guardianes platónicos del bienestar social ha sido criticada por los economistas. Muchos cuestionamos el supuesto de que los políticos electos son imparciales y ejercen una gobernabilidad efectiva cuando aplican las leyes y las medidas económicas que supuestamente están dirigidas a maximizar el bienestar social.
En la práctica, los políticos toman decisiones con base en la influencia que ejercen sobre ellos los grupos de interés de la sociedad, muchas veces pasando por encima de la ley. Ejemplos patéticos son las reacciones del Presidente Fox ante los macheteros de Atenco y ante la marcha más reciente en apoyo del señor López.
No nos debe extrañar, por tanto, que lo que es cierto en el campo político también lo sea en el terreno económico. Es por ello que diversos grupos de la sociedad como agricultores, burócratas, industriales y sindicatos ejercen presión sobre los que toman decisiones para que apliquen políticas públicas que les beneficien directa o indirectamente a ellos.
Hay formas de gobernabilidad que son mejores que otras para promover el desarrollo económico. El Reporte sobre Desarrollo Mundial de 1997 del Banco Mundial señaló que los países con gobiernos inefectivos no pueden esperar sostener un crecimiento económico sólo mediante la liberalización de la industria y la apertura al comercio externo. El Estado, decía ese reporte, necesita jugar un papel que facilite el crecimiento económico. En ausencia de reglas que aseguren que los mercados funcionen bien, y de servicios que permitan que más gente participe en los mercados, la liberalización es probable que tenga tanto efectos negativos como positivos.
La evidencia al respecto complementa las explicaciones de por qué ha sido decepcionante el resultado de las reformas incompletas y parciales en México y América Latina. Un estudio realizado en 1995 (Stephen Knack y Philip Keefer, ‘Institutions and Economic Perfomance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures’ en Economics and Politics) construyó un índice de gobernabilidad que mostró una relación positiva muy importante con el crecimiento económico. El índice incluyó cinco variables según eran percibidas por los hombres de negocios: la calidad de la burocracia gubernamental; la corrupción en el gobierno; la eficacia del estado de derecho; el riesgo de expropiación; y el riesgo de repudio de contratos por parte del Gobierno.
Los resultados de este estudio confirman los hallazgos de muchos otros sobre las causas del rezago económico de los países de América Latina. La región latinoamericana tiene uno de los niveles más bajos de gobernabilidad en el planeta. En cambio, el este asiático tuvo un índice muy alto y obtuvo grandes beneficios económicos por la fortaleza de su marco institucional y su gobernabilidad. Una observación detallada de los cinco indicadores nos muestra que la gobernabilidad en América Latina está por debajo de todas las regiones del mundo con excepción de las naciones africanas al sur del Sahara y los países árabes.
Me llamó la atención que los países latinoamericanos y del Caribe se encuentran prácticamente empatados en último lugar con los países africanos en lo que respecta a la calidad de la burocracia, y apenas los superamos en lo relacionado con el estado de derecho y el riesgo de repudio de contratos por parte del Gobierno.
Los beneficios de una economía de mercado no son automáticos. Los gobiernos pueden ayudar a crear un ambiente en el cual puede prosperar la empresa privada en dos formas. Primera, necesitan desaparecer los impedimentos a la actividad empresarial. Eliminar el burocratismo, reducir los costos de iniciar un negocio, y estimular la competencia interna y externa son formas muy baratas de impulsar una economía y limitar las oportunidades de corrupción. Sin embargo, la oposición a estos cambios por parte de la burocracia y los grupos de interés es enorme en nuestro país.
La segunda es crear un marco institucional efectivo en donde operan las empresas. Esto requiere, por un lado, la construcción de instituciones políticas y legales estables, con reglas claras que limiten la ingerencia del gobierno, protejan los derechos de propiedad y garanticen el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Por otro lado, se necesita el uso de medidas que estimulen el ahorro y la inversión, así como que controlen el gasto publico y provean una infraestructura física y tecnológica que ayuden a crear el ambiente económico que hace posible el crecimiento alto y sostenido.
Una buena gobernabilidad cuenta con pesos y contrapesos sobre la acción gubernamental que evita que los políticos cedan a las presiones para otorgar favores a sus simpatizantes y a los grupos de interés, que acaban por debilitar la eficiencia y capacidad productiva de los mercados. Esos pesos y contrapesos están ausentes en México, como se vio en la actuación del Presidente Fox en el caso López, por lo que estamos todavía bastante lejos de contar con una gobernabilidad que efectivamente cree las condiciones que permitan un crecimiento alto y sostenido del ingreso en nuestro país.
