Dentro de tres semanas habrá concluido la campaña electoral en el Estado de México, pues el miércoles 29 de junio, 72 horas antes de la jornada del tres de julio, debe cesar el activismo partidario y de los candidatos. Dada la crispación a que ha llegado la contienda entre las tres coaliciones que buscan gobernar en esa entidad, esos 21 días pueden ser un lapso marcado por la tensión creciente e incluso por la violencia. No quiero, como Casandra, augurar males, pero el modo en que los partidos desarrollan su actividad y la todavía deficiente operación del órgano regulador, pueden hacer que empeore el clima en que se disputa la gubernatura mexiquense.
Con sólo atender a la formalidad, tenemos una idea de cómo los litigios dan el tono de la situación presente. Ante el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México se han presentado 78 quejas: 35 contra quien resulte responsable, 19 contra la coalición PAN-Convergencia, 18 contra la formada por el PRI y el Verde, tres contra la del PRD y el PT.
Ante el tribunal electoral local se han presentado 19 recursos, de los que diez fueron desechados o declarados sin fundamento y sólo tres están en curso. Ante la procuraduría local, su fiscalía de asuntos electorales, han llegado diez denuncias, de las que dos se enviaron a la reserva y las ocho restantes se hallan en la etapa de la averiguación previa.
En esa misma formalidad, las resoluciones son inocuas. Téngase como ejemplo el de la adquisición de los paquetes para desahogar la jornada electoral. Esa operación fue la causa de un conflicto interno en el órgano electoral, por el que sus siete consejeros fueron obligados a renunciar. Y sin embargo, las cosas se quedarán como estaban antes de ese momento. La contratación de Cartonera Plástica fue impugnada ante el Tribunal local. Éste resolvió que el tema no le competía, porque es administrativo, no electoral. El Trife, a su turno, dijo lo contrario y determinó que el asunto volviera a la esfera local. El tribunal mexiquense corrigió, pero no mucho: admitió que la materia es electoral y que se produjeron irregularidades en la licitación, pero que la compra impugnada no es determinante de la naturaleza de la elección. Y como ya no hay tiempo de reponer el procedimiento, si Cartonera Plástica recibió el jugoso contrato por haber corrompido a consejeros y acaso también a funcionarios del IEEM, los involucrados disfrutarán sin problema la ganancia excesiva y las comisiones pagadas.
En ese como en otros temas, los consejeros electorales nuevos se enfrentan a hechos consumados o a dilemas en extremo difíciles de encarar. ¿Qué hacer con los funcionarios ejecutivos del Instituto? La misma lógica que condujo a los diputados mexiquense a solicitar su renuncia a los consejeros anteriores, debió llevarlos a pedir lo mismo al director y al secretario del Instituto, designados a satisfacción de la antigua mayoría favorable al Gobierno.
Pero es comprensible que el consejo se pregunte si es sensato hacerlo cuando falta tan poco tiempo para la elección o si debe prescindir de ellos aun pagando el costo de la discontinuidad del trabajo, para no cohonestar en los hechos la probable participación de esos funcionarios en las jugosas componendas que envuelven las contrataciones de diversos insumos y la integración de los órganos electorales subalternos.
Absorto en esos embrollos internos, el consejo electoral no ha tenido tiempo de asomarse siquiera al principal conflicto del proceso en curso. Se trata de la queja, convertida también en denuncia penal, sobre el derroche propagandístico practicado por el PRI en beneficio de su candidato Enrique Peña Nieto, dilapidación que ya le ha rendido réditos altos y quizá irreversibles.
Según cálculos bien fundados de los opositores, a la mitad de la campaña, la ostentosa y onerosa propaganda del PRI (a la que se agrega la igualmente dispendiosa del gobernador Arturo Montiel) habría ya rebasado con amplitud el tope fijado al respecto. El Gobierno y su candidato practican la política del palo dado, que ni Dios quita.
Pero acaso se equivocan en sus cuentas. Es seguro que nadie ose cancelar la candidatura de Peña Nieto, como piden sus antagonistas. Pero es menos seguro que cuando deba resolver en última instancia la cuestión el Tribunal federal se abstenga de examinar las cuentas y en cambio, concluya que el exceso fue determinante del resultado y anule la elección.
La crispación puede crecer en las próximas semanas y salirse de madre, por la actitud perversamente complementaria del PAN y del PRI, evidenciada en el episodio de las pelotas de un propagandista Tricolor. Por más que lo adobe, el candidato Rubén Mendoza Ayala no puede eludir su responsabilidad en el robo, ni siquiera disculpable en el falso principio jurídico de que ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón. Y el que haya sido captado por una cámara movida por el interés priista, muestra que se le asedia, en espera de un desliz de rango mayor al del robo de materiales de propaganda.
Pueden también crisparse los seguidores de Yeidkol Polevnski ante el bochornoso contraste entre el fastuoso gasto de sus contrincantes y la penuria a que el PRD ha sometido a su candidata. Por la razón que fuere (desvío de los recursos de campaña para curar la insolvencia partidaria, errónea estrategia de concentrar el gasto en la etapa final, disputas internas que se asemejan a la traición) el perredismo no apoya a una candidata digna de mejor trato y resultado.
