Lamentan que la Corte no haya consagrado que el crimen de genocidio nunca prescribe.
Agencias
MÉXICO, df.- El fallo de la Suprema Corte que abre la puerta para juzgar al ex presidente Luis Echeverría por una masacre de estudiantes en 1971, es "limitado" en la búsqueda de justicia en México, consideró ayer la organización Amnistía Internacional (AI).
"Por una parte, el fallo hace posible que el proceso penal por genocidio continúe contra un ex presidente de la República y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, sin embargo, permite que otros nueve coacusados evadan la justicia", señaló la organización.
AI lamentó que la Suprema Corte no haya consagrado que el crimen de genocidio nunca prescribe, como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad que México ratificó en 2002, pues al no hacerlo permite que presuntos responsables del delito evadan la justicia.
"El fallo de la Suprema Corte omite la responsabilidad que el Estado debe a las víctimas y sus familiares de garantizar la justicia y la verdad, e incumple los compromisos internacionales que México ha aceptado", añadió.
Por su parte, el director ejecutivo del organismo, Carlos Mario Gómez Jiménez, recomendó a las víctimas acudir a los tribunales internacionales, a fin de que se cumpla la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
México ratificó la convención el 15 de marzo de 2002, que en su Artículo 1 señala que los crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre los que se halla el genocidio, son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.
De acuerdo con el documento, Amnistía Internacional considera que mediante un ardid se permite que presuntos responsables de crímenes de derecho internacional de suma gravedad evadan la justicia.
El organismo considera que el fallo de la Corte omite la responsabilidad que el Estado debe a las víctimas y sus familiares de garantizar la justicia y la verdad, e incumple los compromisos internacionales firmados por México.
Asimismo, en materia de fuero, ignora la realidad política del país durante ese periodo "autoritario y de violaciones sistemáticas de derechos humanos", que hizo imposible la investigación y enjuiciamiento de los responsables de graves abusos.
Las autoridades mexicanas, cualquiera que sea el poder al que pertenezcan, deben asumir sus responsabilidades bajo el derecho internacional con determinación, cumpliendo cabalmente con sus obligaciones, concluye el documento.
