Los comentarios post electorales en los medios de comunicación se han centrado, obviamente, en la persona de quien pronto será el gobernador del Estado de Coahuila, profesor Humberto Moreira Valdés. Por un acto involuntario de los líderes de opinión los recién electos alcaldes de los 38 municipios parecen relegados a un segundo término en el interés comunitario, mientras que los integrantes de los Ayuntamientos han pasado a constituir un tercer objetivo de la atención colectiva.
Grave error: deberíamos fijarnos en aquellos que van a gobernar en los niveles municipales del poder público: los alcaldes, los regidores y los síndicos, integrantes del cuerpo edilicio y los funcionarios de cada uno de los ramos de la Administración local.
Todos tendrían que ser observados con curiosidad e interés por la sociedad, porque de su eficaz desempeño dependerá la buena conducción de nuestros asuntos públicos. Tomemos en cuenta que los alcaldes y ayuntamientos electos protagonizarán el primer período de cuatro años en la gestión pública municipal y repitamos lo que ya es un consenso popular: cuatro años de un buen Gobierno local pueden parecer pocos; pero cuatro años de mal Gobierno municipal se nos van a hacer eternos.
Resulta necesario reflexionar en que la reforma hecha a la Constitución de Coahuila y al Código municipal para prolongar el período de los gobiernos municipales no debió haber quedado trunca. A juicio de muchos ciudadanos harían falta dos innovaciones para agilizar y eficientar la tarea de las autoridades municipales: reformar las leyes electorales y cambiar el modus operandi en la elección de regidores y síndicos; que sean votados individualmente, cargo por cargo y no en planilla de partidos como se ha hecho en los últimos comicios; y que a tal fin los municipios se dividan en demarcaciones, pues quienes compitan por los sillones edilicios tendrán que ser habitantes de esos lugares.
Y por otra parte, autorizar en las leyes ya citadas la creación de la figura de “gerente municipal” para garantizar el funcionamiento puntual y eficaz de los servicios públicos y la recepción de las contribuciones a que estamos obligados los habitantes de las municipalidades.
Los municipios y sus áreas urbanas y rurales crecen cuantitativa y cualitativamente conforme progresa el Estado; no se incrementan al igual las horas laborables para cualquier presidente municipal, quien siendo un activo zoon politikón puede carecer de las cualidades que demanda una administración pública compleja y moderna.
Los alcaldes de estos últimos años han comprobado que les falta tiempo para atender al parejo sus obligaciones políticas y sus deberes administrativos y esas faltas suelen reflejarse en la calidad de los servicios públicos.
Los legisladores coahuilenses podrán normar esta modalidad en la operación de los municipios, pero unas líneas generales, con base en la experiencia de otros países, destacan que el gerente es un empleado de la municipalidad obligado a reportar periódicamente el estado de la administración pública ante el ayuntamiento, encabezado por el señor presidente municipal. Queda sujeto a la vigilancia de la comisión de hacienda y de la contraloría municipal.
El otorgamiento del cargo de gerente municipal se discierne por el ayuntamiento de cada municipio y los candidatos a ocuparlo habrán de presentar un examen de oposición para probar su capacidad administrativa ante las comisiones que al efecto designen los miembros del cabildo. Con las reformas en el proceso electoral de los ediles se busca que éstos asuman una auténtica y verdadera representatividad ciudadana por medio del voto de los habitantes de cada demarcación municipal.
No olvidemos que hoy por hoy la mayoría de los regidores de las planillas del Partido Revolucionario Institucional proviene de sus corporaciones obreras, campesinas y populares. Tal representación no es poca cosa, pero mayor sería si fueran voceros y gestores de los habitantes de una demarcación municipal cuyas demandas y necesidades conocieran por ser convecinos.
Para convencernos de estas transformaciones, preguntémonos: ¿Son o han sido los ayuntamientos verdaderos paradigmas de ética política, acción popular y vigilancia administrativa? ¿O han sido simples cuerpos obsecuentes a las órdenes y deseos de los alcaldes, mas no útiles órganos de planeación, de legislación en materia municipal y actores vigilantes de la actuación pública de los diversos funcionario municipales?
¿En el primer caso han representado los ediles el auténtico interés de la sociedad urbana y rural a la que sirven o nada más actuaron como oficiosos gestores de negocios, concesiones, permisos y aún de condonaciones de multas de algunos ciudadanos?
¿Han sido cuidadosos al advertir a algunos alcaldes despistados su obligación de informar al cuerpo edilicio sobre todos los asuntos públicos inherentes a la comunidad y de someter previamente a juicio de la Comuna sus proyectos y disposiciones de Gobierno? ¿O dedicaron su esfuerzo a hacer tareas partidistas con la crítica interior? No son cambios éstos de poca importancia y aprecio, sino al contrario.
Si queremos revaluar a la autoridad municipal tendríamos que empezar por analizar si los integrantes de los ayuntamientos conocen las necesidades, demandas y aspiraciones de los habitantes de su municipio; si mantienen comunicación con los vecinos de cada sector, colonia o fraccionamiento urbano o rural y pueden plantear algún alegato a favor de sus necesidades.
Para ello vale preguntar ¿Existe una auténtica y legítima representatividad en los síndicos y regidores que les autorice a reclamar la atención de los alcaldes y cuerpos edilicios hacia la heterogénea problemática de nuestras poblaciones?... Reflexionemos y actuemos en consecuencia.
