El rechazo unánime del Congreso de Coahuila a la cuenta pública del municipio de Matamoros relativa al año 2003, pone de manifiesto la problemática que existe en torno de la función de nuestros diputados locales en este tema.
De acuerdo al planteamiento, la administración del alcalde Felipe Medina Cervantes no justifica gastos por dieciséis millones de pesos en ese año, lo que desde luego es una cantidad importante en sí misma y con mayor razón, en términos relativos a la capacidad financiera de ese Municipio. Basta considerar que esa suma es equivalente al gasto anual en el rubro de “servicios personales”, que incluye la nómina total de empleados municipales.
La Ley obliga a los ayuntamientos a presentar sus cuentas ante el Congreso cada tres meses, por lo que es incomprensible que hasta hoy, a casi dos años de cumplido el primer trimestre de 2003, se presenten a la consideración del Pleno de los diputados y se hagan del conocimiento del público los resultados que son objeto de comentario. La infracción se concreta en una simple falta de recibos en ciertas partidas, lo que indica que su descubrimiento ni siquiera requirió una labor analítica de contabilidad.
La realidad es que la Ley Orgánica del Congreso en Coahuila lejos de ofrecer transparencia en el manejo del dinero público, está hecha para hacer de la revisión de cuentas una herramienta política para mantener ocultas las cuentas del Gobierno del Estado, retener a los alcaldes priistas en el redil de la disciplina y para acosar a los alcaldes de la oposición.
La cuestión es simple: si bien los Ayuntamientos están obligados a rendir cuentas cada tres meses, mediante la remisión física de la contabilidad al órgano de control del Congreso que es la Contaduría Mayor de Hacienda, este último órgano está facultado para mantener en secreto de los propios diputados la información (que la Ley de Acceso a la Información prescribe que es pública hasta para los simples ciudadanos) y la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública no está sujeta a ningún plazo para someter los resultados de la revisión al Congreso en Pleno. Increíble pero cierto.
La Ley Orgánica vigente del Congreso de Coahuila en su artículo 144 establece: “Las Comisiones deberán dictaminar los asuntos de su competencia, en un plazo que no excederá de sesenta días naturales…”, pero el propio artículo enseguida abre una puerta ilimitada a los casos de excepción al permitir: “Cuando alguna comisión juzgase necesario disponer de mayor tiempo para dictaminar sobre un asunto o suspender el despacho del mismo, lo manifestará al Pleno o la diputación permanente, antes de que expire el plazo a que se refiere el párrafo anterior”. Como se puede ver, no es necesario inventar ninguna excusa para posponer el dictamen de las cuentas públicas.
De esta suerte, la Contaduría Mayor de Hacienda opera como un apéndice del Poder Ejecutivo al que está sometida la mayoría priista en el Congreso y abre o cierra la llave de la información según convenga, lo que desde luego implica una burla a la división de poderes y hace nugatoria la labor de los diputados.
En el caso del municipio de Matamoros, cabe pensar que el alcalde Felipe Medina Cervantes, a quien se señala como simpatizante de un aspirante específico a la gubernatura, sea un chivo expiatorio mediante el cual se busca sentar un precedente ejemplar, para que el resto de los alcaldes priistas de la Entidad pongan sus barbas a remojar de cara al año electoral que estamos viviendo.
Sin embargo, ni la intención política de la acusación, ni la pobreza de nuestro sistema legal ni la consecuente ingerencia del Ejecutivo en el Congreso, exculpan ni justifican al ayuntamiento que preside Medina Cervantes. Los antecedentes históricos de indolencia o corrupción en renglones como la venta de bebidas alcohólicas y la operación de rastros clandestinos, han alcanzado cotas máximas en la actual administración matamorense.
El caso de las cuentas públicas de Matamoros y su entorno político y social son preocupantes, porque revelan una pobreza institucional en Coahuila, que dista mucho de la visión festiva del actual Gobierno, que se sustenta en un discurso vanguardista que poco tiene que ver con la realidad.
Lo anterior se refleja en el caso de Matamoros, en la medida en que se sigue tratando a dicha población como meramente rural, con criterios políticos y administrativos premodernos. Una reciente investigación de El Siglo de Torreón al respecto, pone de manifiesto que la existencia de un plan de desarrollo regional es asignatura pendiente del Gobierno del Estado y por ello, el inevitable proceso de integración urbana de las poblaciones rurales de la comarca, incluida Matamoros, carece de rumbo y planeación.
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