Agencias
MÉXICO, DF.- Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, el sistema jurídico mexicano restringe la libertad religiosa en por lo menos cinco temas: limita el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en el credo de su elección; impide que el matrimonio religioso tenga efectos civiles; prohíbe la objeción de conciencia, pone trabas a la realización de actos de culto religioso fuera de los templos e impide que las asociaciones religiosas posean medios de comunicación social.
En octubre de 2000, la Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reimprimieron el ensayo “Derechos de los creyentes”, escrito por Soberanes, para entonces ya con 11 meses como ombudsman.
En el texto, el jurista maneja ya los argumentos que utilizó hace unos días durante una reunión con teólogos protestantes, en la que consideró discriminatoria la enseñanza laica en escuelas públicas.
“Los padres de familia que cuentan con suficientes recursos económicos pueden mandar a sus hijos a escuelas particulares, por lo tanto tienen el derecho a elegir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, mientras que quienes carezcan de estos recursos no tienen ese derecho y tienen que someter a sus hijos a la educación laica (que de por sí es una postura doctrinal) aunque contrarie sus convicciones religiosas y morales”, expresa en el ensayo.
En un recuadro aparte, resaltado en negritas se lee: “¡Terrible injusticia la del Artículo tercero constitucional! que además de desconocer la libertad religiosa establece y fomenta discriminaciones por razones de riqueza personal”.
En relación al tema de los actos de culto público externo, señala que en la reforma constitucional de 1992 en materia de asociaciones religiosas “el legislador no abrió bien la puerta”.
“Cada vez que queremos avanzar en materia política constitucional como que nos da miedo ir muy adelante, como que damos dos pasados para adelante y uno para atrás, de tal suerte que las reformas político constitucionales se quedan a mitad del camino”.
