A quince días del inicio formal del proceso electoral, que en Coahuila renovará este año Gobierno Estatal, Congreso y Ayuntamientos, la Entidad vive un ambiente político enrarecido.
Lo anterior obedece a la forma autocrática del ejercicio del mando que ha caracterizado al Gobierno de Enrique Martínez y Martínez, que ha recreado a nivel local, corregido y aumentado, el sistema de partido de Estado que se resiste a decir adiós.
El proceso interno del PRI de Coahuila es un juego exclusivo y excluyente de Enrique Martínez, en el que participan sólo los autorizados. Todos pertenecen al círculo íntimo del mandatario y extrañamente, no tiene cabida ningún priista torreonense, como si el PRI de Torreón no existiera. La participación espontánea carece de motivación, porque se trata de un juego con dados cargados.
De hecho, a las exigencias democratizadoras que se han hecho valer frente a Roberto Madrazo en la precontienda por la silla presidencial, el dirigente nacional priista responde a Enrique Martínez y al resto de los gobernadores del grupo Tucom, con una interpelación para que practiquen en sus respectivos estados la democracia que a nivel nacional reclaman.
Entre los eventos relevantes que genera este ambiente de turbiedad en Coahuila, destacan tres ocurridos la semana pasada.
El primero de ellos consiste en una declaración hecha por el propio gobernador Martínez, quien ante las versiones de prensa sobre su eventual renuncia para contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República responde: “No renunciaré en el mes de abril y probablemente nunca renuncie...”.
La declaración confirma que la precandidatura de Enrique (con poca o ninguna posibilidad de éxito), es una mera estrategia para permanecer como primera figura en el escenario político coahuilense, y mantener el control en el proceso transexenal en un momento en que su Gobierno entra a su recta final y consecuente ocaso.
El segundo de tales eventos acontece en razón del rechazo del Congreso del Estado a la cuenta pública del Municipio de Matamoros, a iniciativa de la mayoría priista, como un signo de advertencia a los alcaldes emanados del partido del gobernador a fin de que se mantengan obedientes en torno al liderazgo que en el sistema de partido de Estado, se atribuye el titular del Poder Ejecutivo.
La falta de comprobantes en el gasto de más de dieciséis millones de pesos en el año de 2003, que constituye la base de la acusación, es muy grande para que haya pasado desapercibida durante tanto tiempo. Se trata de una cantidad igual al importe de la nómina anual del Municipio de Matamoros, que al ocurrir durante el año en que tuvieron lugar las últimas elecciones federales, genera la presunción de que ante la pérdida del Municipio de Torreón frente a Acción Nacional, el viejo sistema utilizó la tesorería de Matamoros como caja chica para sus campañas en la región.
El faltante en el caso que nos ocupa, permite que el sistema ajuste sus cuentas a conveniencia y así como la sustracción de los recursos fue útil para ganar en las pasadas elecciones federales, hoy resulta adecuada como instrumento de disciplina, cuyo empleo indica que el gobernador está pasando apuros para mantener la lealtad de su propia gente.
Así lo confirma el tercero de los hechos que es objeto de análisis, que se concreta en el colapso del proceso para elegir a los integrantes de la estructura territorial del PRI en la ciudad de Saltillo, ocurrido el fin de semana pasado. El evento fue suspendido, en virtud de un enfrentamiento en el cual las fuerzas del secretario de Gobierno y del alcalde de Saltillo, que figuran como precandidatos en la pasarela enriquista, llegaron a las manos y se desató la violencia.
Lo grave es que en función de la naturaleza del sistema de partido de Estado que el gobernador Enrique Martínez se empeña en mantener y recrear, la turbiedad premoderna que se genera al interior del PRI rebasa sus fronteras y contamina a la sociedad en su conjunto, en un momento clave en que los coahuilenses nos aprestamos a elegir un nuevo Gobierno.
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