EL GOBIERNO FEDERAL DEJA DE PERCIBIR ALREDEDOR DE DIEZ MIL MDP ANUALES.
Los distribuidores de vehículos nuevos señalan que se dejan de vender 400 unidades en el año.
MÉXICO, DF.- El Gobierno Federal deja de percibir unos diez mil millones de pesos al año por la introducción de vehículos ilegales al país, al dejar de venderse 400 mil unidades, señaló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En entrevista, el subdirector de AMDA, Fernando Lascurain, indicó que de acuerdo con estimaciones del organismo, son 400 mil automóviles al año los que se dejan de vender por el ingreso de autos conocidos como “chocolate”.
En caso de que el valor de estos fuera uno de los más bajos, de 90 mil pesos, la derrama económica que se deja de generar es de más de 40 mil millones de pesos anuales.
Explicó que el Impuesto Sobre Vehículos Nuevos (ISAN), así como la Tenencia, verificaciones y emplacamiento representan entre 23 por ciento y 35 por ciento del valor de un auto, por lo cual se puede deducir que el fisco deja de percibir más de diez mil millones de pesos al año.
Así, señaló que no obstante las repetidas manifestaciones por parte de la industria contra la legalización de los vehículos, en la Cámara de Diputados se discuten siete iniciativas de ley que pretenden la regularización de autos ilegales, que representa un universo de 2.5 millones de unidades.
De acuerdo con AMDA, en los últimos 25 años se han promulgado 14 normas de regularización de autos ilegales, una de las cuales es la “Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera” del 12 de marzo de 2001, al amparo de la cual se legalizaron 1.8 millones de automóviles.
Esta cifra, sumada a los 2.5 millones de unidades que actualmente circulan de manera ilegal, ha ocasionado que alrededor de 24 por ciento de los automotores en circulación sean ilegales o de origen ilegal.
Fernando Lascurain argumentó que de no poner un freno a esta tendencia se podría vivir una apertura adelantada de autos usados, la cual de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se prevé hasta el año 2009.
El ingreso masivo de estos autos chocolates ya sea por contrabando rudo, por internación temporal, permisos a ciudadanos con residencia en Estados Unidos o por la prolongación de la Estancia a Vehículos más allá de seis meses e iniciativas de regularización son la antesala de una “apertura adelantada”, advirtió.
México, anotó, debe aprender del caso peruano, en donde de acuerdo con la asociación de ese país, en 1992 había 330 distribuidores de automotores legalmente establecidos que representaban más de 15 mil empleos, y en la actualidad sólo cuenta con 85 distribuidoras y más de 25 mil desempleados.
Asimismo se acabó la industria, pues no se ensambla ningún vehículo en Perú y todos son importados, lo que acabó con el mercado, además de que el parque vehicular está desorganizado y sin reglas; cito por ejemplo que hay unidades de diesel, alcohol y gasolina, pero ninguna cumple con la regulación ambiental del país.
Por lo anterior, señaló que no se puede adelantar la apertura de autos usados sin tener normas que regulen de manera puntual, equitativa y precisa al mercado, tanto en aspectos técnicos, como de seguridad y ambientales.
Es necesario contar con una norma ambiental que mida los gases contaminantes en vehículos usados, además de infraestructura para medir o verificar su cumplimiento, sin embargo, hasta el momento el gobierno no cuenta con los recursos, técnicos y humanos para ello.
Señala que los autos ilegales causan un “envejecimiento” significativo en el parque vehicular de nuestro país, al tiempo que subsidian a la industria y consumidor norteamericano, ya que se retribuye un valor residual a un bien depreciado.
Un vehículo de este tipo se compra a un valor muy por encima del que la industria del reciclaje puede pagar en Estados Unidos; además, traslada al territorio mexicano el costo ambiental mientras continúa en servicio.
Con la importación ilegal de vehículos el primer afectado es el consumidor por la falta de seguridad, refacciones y menor rendimiento de combustible, dado que todos los autos comercializados en México están adaptados a las condiciones de altura de las ciudades, además, está la incertidumbre respecto al origen del automóvil.
