El desplazamiento de Alfonso Vázquez Sotelo de la Dirección General del Instituto de Documentación del Estado de Coahuila fue efectivo desde hace dos semanas. Ciertamente nos sorprendió, pero no pensamos expresar una protesta por su cese, sabedores de que retirar la confianza en un servidor público es una facultad correlativa de quien previamente la ha otorgado; mas no podemos ocultar que este suceso ha generado incertidumbre en el ambiente cultural por el destino de la documentación histórica que está depositada en el Instituto Estatal.
No se necesita ser muy viejo para conocer, así sea de oídas, los muchos azares que han vivido los archivos históricos en el Estado de Coahuila y en México y de todos han salido, sin embargo, campantes y airosos, al parejo de la historia que contienen. Ya en el siglo XVII había atisbos de organización archivística en México, incluidos muchos documentos fechados en el siglo XVI; pero creo que sólo es posible hablar de un archivo estatal y de algunos municipales, hasta el siglo XVII, cuando la aventura de descubrir y colonizar sitios culmina en actos y actas formales y protocolarias levantados por autoridades jurídicamente constituidas ante la presencia de los infaltables escribanos.
Quien revise los fondos documentales más antiguos que se conservan en el Instituto Estatal de Documentación y en archivos centenarios como el de Saltillo, Monclova, Parras, etcétera, tendrá que descubrirse ante la escrupulosidad, verdad y puntualidad con que los primeros pobladores del Septentrión mexicano dejaron testimonios escritos de sus actos jurídicos públicos y privados. Y quizá ello explique porqué los archivistas y los historiadores expresamos ahora, en el siglo XXI, nuestra profunda preocupación y celo por cualquier evento político o burocrático que intente amenazar la seguridad del patrimonio histórico de Coahuila.
Secularmente hemos perdido archivos por ene número de causas: el descuido de los hombres en el poder público, las revueltas y revoluciones sociales, la ignorancia de los caudillos y de los caciques, por la incuria y el abandono en que generalmente se conservaron, por la rapiña de investigadores irresponsables, por incendios culposos e involuntarios y por criterios supinos y negligentes de algunas autoridades.
El archivo estatal nació de un conato de siniestro ocurrido cuando era gobernador de Coahuila Eliseo Mendoza Berrueto. Se incendió una de tres ruinosas casas donde yacían, abandonados, desorganizados y perfectamente bien descuidados miles de documentos históricos del antiquísimo archivo estatal así tenidos desde varios sexenios atrás. Controlado el siniestro, el gobernador decidió rescatar dicha documentación para darle asilo en un recinto ad hoc de carácter permanente.
Invitó como directora de lo que iba a ser el nuevo Archivo del Estado a la historiadora Martha Rodríguez García, quien había salvado el archivo de Saltillo durante el trienio municipal de Mario Eulalio Gutiérrez.
Después el nuevo Archivo Histórico del Estado de Coahuila fue bautizado bajo una anodina razón social hija de la imperativa modernidad salinista de los años noventa: Instituto Estatal de Documentación. Vocativo aparte, el organismo trabajó intensamente bajo la dirección de Martha y de Vázquez Sotelo con excelentes y abundantes logros.
Hoy se le conoce y se le reconoce en casi todos los Archivos históricos del país y por una gran parte de los investigadores del mundo. Sin embargo enfrentan en este momento, una crisis existencial derivada de la creación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y de un cierto confusionismo oficial sobre lo cuáles son las específicas funciones del IED y del ICAI.
El IED fue pespunteado como un parche en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en el artículo Quinto transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y de ahí al hecho real de unir ambos organismos como hermanos siameses sólo medió un artículo transitorio en el decreto legislativo que instituyó al ICAI.
Las funciones del ICAI no desvelan a los historiadores excepto en su calidad de ciudadanos; pero sí las historias que laten en los archivos, ya que su labor es escrutar cada uno para esclarecer los hechos del ayer. La responsabilidad del ICAI deviene contemporánea pero no menos trascendente: garantizar a la ciudadanía que los tres niveles del poder constituido la informen sobre los actos, los hechos y las conductas públicas.
Así pues, lo único que podría ligar a los dos institutos -el ICAI y el IED- sería el compartir un mismo edificio, nada cómodo por cierto...
La intención de transparentar la información gubernamental es muy buena, ya lo dijimos alguna vez, pero como siempre nunca falta un pelo en la sopa. Y ese pelo ya está en la cuchara. Esperamos que no tengamos que comérnosla...
