Un reciente bloqueo parlamentario que se realizó en la India hizo que la aprobación de importantes iniciativas legislativas se demorara por varias semanas. No sólo se suspendió el despacho de proyectos de modernización de la economía tan necesaria en estos tiempos sino también, reformas laborales diseñadas para elevar la competitividad internacional. Las consecuencias, como suele suceder, las pagó el numeroso pueblo de ese país.
Uno de los proyecto s autorizaba e l Programa de Garantía Nacional de Empleo para contratar a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar por el salario mínimo, equivalente a unos 1,250 pesos mensuales.
Para los desempleados que son el ocho por ciento de los 400 millones que forman la población económicamente del país, el plan representa una oportunidad de sobrevivencia. Para el Gobierno no sólo es un componente básico en su estrategia de combate a la pobreza, sino una manera expedita de reclutar un amplio contingente de mano de obra para realizar las muchas obras de infraestructura previstas en el X Plan Quinquenal de Desarrollo 2002-2007. El programa de empleos complementa los apoyos oficiales que ya se dan a los que no alcanzan ingresos diarios de siquiera un dólar.
Pero desde el mes de abril de este año los partidos de oposición, encabezados por el BJP, otrora partido en el Gobierno, decidieron bloquear toda actividad parlamentaria.
Los bloqueos parlamentarios no sólo se llevan a cabo absteniéndose los diputados o senadores de asistir o votar en las sesiones de sus cámaras. En México, conocemos otro tipo de bloqueo que desde el principio de este sexenio se ha montado contra toda iniciativa de Ley presentada por el presidente de la República con lo que se le ha impedido cumplir sus promesas de campaña. Al igual que sucede en el Parlamento de la India, nuestro Congreso también detiene su marcha. La única diferencia es que en México la trabazón puede durar todo un período presidencial.
En el sistema parlamentario el bloqueo legislativo no es indefinido. Se interrumpe sea por acuerdo entre los partidos, o por llegarse al extremo de comprobar que la oposición cuenta con la fuerza suficiente para promover un voto de desconfianza y así, precipitar la caída del Gobierno. En este caso, habrá que convocar a nuevas elecciones para que el pueblo determine una nueva conformación parlamentaria.
A diferencia de la India, en México, el jefe de Estado no tiene la posibilidad de llamar a cuentas a los partidos que no se ponen de acuerdo, ni mucho menos la facultad a nuevas elecciones para resolver el bloqueo legislativo. Nadie tiene la autoridad por encima del juego político para poner a los partidos políticos en orden y demandarles el cumplimiento de sus responsabilidades ante el pueblo. El presidente de la República continuará su mandato atado de manos, rehén de una estrategia perversa que apuesta a la siguiente elección legislativa o presidencial. El pueblo por su parte, tiene que esperar a que se cumpla el trienio o sexenio.
México ha vivido ya más de cuatro años de trabazón legislativa en la que el Congreso no ha aprobado la serie de importantes reformas que anunciadas en la plataforma de campaña de Vicente Fox. Así, no se ha avanzado en la modernización de materias críticas como la energía, el petróleo, la radio y telecomunicaciones, cuestiones laborales.
La Reforma del Estado incluye el tema de la forma de asegurar que el trabajo de nuestro Congreso no sea nulificado por bloqueos que impidan el trabajo de una de las tres ramas de la estructura constitucional. O encontramos cómo obligar a los partidos a no provocar impasses, o bien dotamos al presidente de la República la facultad de destrabarlos.
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