El 17 de noviembre de 1974 el doctor Otoniel Miranda se convirtió en candidato del PRI a gobernador de Hidalgo, para reemplazar en abril siguiente a Manuel Sánchez Vite, que al imponer esa candidatura parecía haber vencido al mismísimo presidente de la República, adoptando para sí una decisión que en el sistema autoritario era “propia” del Ejecutivo.
Ese mismo día, en otro piso de la realidad mexicana, también en Hidalgo fueron detenidos seis miembros de un grupo guerrillero, los lacandones. Según la acusación muy posterior, al día siguiente el procurador de justicia de esa entidad, Alejandro Straffon Arteaga, los entregó mediante recibo a la Dirección Federal de Seguridad, aunque no expresó la causa legal de la detención ni de la transferencia de esas personas. Así se procedía en esos años de la Guerra Sucia contra la insurgencia armada. Desde entonces no volvió a saberse de esos guerrilleros, que en vez de ser conducidos ante el ministerio público federal para que se solicitara proceso en su contra, simplemente desaparecieron hasta el día de hoy.
Treinta años después de iniciada esa privación de la libertad, la Fiscalía especial para los delitos de esa índole, cometidos por funcionarios que reprimían sin atenerse a la legalidad en cuyo nombre decían actuar, reunió los elementos para consignar penalmente a los responsables de esa desaparición. El 22 de abril pasado esa oficina del ministerio público solicitó a un juez federal en Pachuca orden de aprehensión contra dos funcionarios federales y dos estatales por aquella causa. El juez rehusó expedirlas y la Fiscalía las demandó a otro juzgador en la misma ciudad, que el sábado pasado dispuso que Luis de la Barreda Moreno, Miguel Nazar Haro, Alejandro Straffon Arteaga y Jorge Bustos fueran aprehendidos. Órdenes semejantes contra los dos primeros, director y subdirector de la Policía política, la Federal de Seguridad, han sido libradas con anterioridad, por casos análogos. Nazar Haro está ya siendo procesado, si bien vive el juicio en su domicilio, debido a que es mayor de setenta años. De la Barreda Moreno en cambio, no ha sido detenido.
Straffon Arteaga fue aprehendido anteayer en Pachuca. De edad avanzada y con salud venida a menos, apenas está en retiro desde el primero de abril pasado. Inmediatamente antes presidía el Tribunal local de lo contencioso administrativo pues, como miembro típico de la clase política hidalguense, no había dejado de tener cargos públicos, así en la administración como en la Universidad local, cuya escuela de Derecho dirigió. Fue también magistrado en el Tribunal Superior de Justicia y jefe de la oficina federal de Hacienda.
Llegó a la Procuraduría estatal, donde se produjo el episodio que hoy lo retiene en el Reclusorio oriente del DF, estrictamente hablando por accidente. Después de diez años como agente del ministerio público, al llegar Sánchez Vite al Gobierno hidalguense el primero de abril de 1969, fue designado subprocurador, a las órdenes de un singular político, el profesor y abogado Isaac Piña Pérez, inclinado a la literatura y querido por sus estudiantes. Antes de cumplir un mes en su responsabilidad, el procurador Piña Pérez murió, en compañía del jefe de seguridad estatal, al desplomarse en Pachuca el helicóptero en que viajaban.
Straffron Arteaga ocupó su lugar, lo mismo durante el breve interinato del profesor Donaciano Serna Leal que cuando Sánchez Vite volvió a ser gobernador en marzo de 1972.
Echeverría y Sánchez Vite habían roto la amistad que mantuvieron por años y se consumó cuando el presidente hizo al hidalguense presidente del PRI. Cuando fue despedido y volvió a Pachuca, Sánchez Vite se convirtió en adversario de Echeverría, no con afanes democratizantes, sino para afianzar su propio poder más allá del final de su sexenio.
Combatía también a Mario Moya Palencia (que como su ex jefe el ex presidente está hoy también en trance de ser juzgado por otros crímenes de la Guerra Sucia). Las tensiones entre el gobernador de Hidalgo y el secretario de Gobernación se expresaron en junio de 1974. Sánchez Vite ordenó a su director de prensa, Carlos Peñafort, entregar personalmente un ejemplar de su discurso sobre la libertad de prensa a Moya Palencia, durante la comida tradicional encabezada por el presidente. Cuando el enviado entregó el documento, según su propio testimonio, Moya se incomodó al saber de qué se trataba y ordenó a su escolta: ¡llévenselo!
A Peñafort lo “detuvieron, vendaron los ojos y arrojaron al piso de un automóvil, amenazándolo con frecuencia que le dispararían con una arma que colocaron sobre su cabeza. Lo presentaron ante el director de la Federal de Seguridad, quien dio la orden que lo ficharan.
Posteriormente lo golpearon y lo llevaron al sótano del edificio en que lo tenían detenido, donde pasó esa noche, la siguiente y hasta el atardecer del tercer día”, en que fue dejado en libertad. (Arturo Sánchez Jiménez, Manuel Sánchez Vite, maestro, político, líder).
Si así actuaba la Policía política con el mensajero de un gobernador desafecto, es fácil, e indignante imaginar el trato que asestaba a quienes habían tomado las armas contra el régimen. En medio del clima de tensiones entre Sánchez Vite y el presidente y con ese conocimiento directo en el Gobierno de Hidalgo de los modos de la DFS, el procurador Straffon Arteaga se apresuró a entregarle a los seis detenidos por el personal a sus órdenes. Treinta años después se le piden cuentas por ello.
