Con apego a su credo religioso y no a la Ley cuya observancia debe garantizar y acaso más con una intención político-electoral que de defensa de la vida, el secretario Carlos Abascal consiguió distraer la atención pública hacia la píldora del día siguiente, en vez que continuara aplicada a los permisos para establecer casas de juego que otorgó su antecesor. De paso, ofreció a los precandidatos de su partido un tema en que coinciden y no disputan y cuya explotación puede mejorar la tendencia electoral a favor del PAN.
Conforme al derecho constitucional y administrativo el tema de la píldora anticonceptiva de emergencia está zanjado. Ese fármaco fue incorporado a la Norma Oficial Mexicana (NOM), sobre planificación familiar el 21 de enero del año pasado, lo que generó una muy viva reacción opositora de los sectores conservadores, misma que se reactivó la semana pasada al ser incluido la píldora en el cuadro básico y catálogo de medicamentos del sector salud. Corresponde a la vigésima actualización de ese cuadro y se la describe como “anticonceptivo hormonal poscoito” administrable por vía oral a “mujeres en edad fértil, incluyendo las adolescentes”.
La dosis se compone de dos comprimidos, el primero de los cuales “debe ser tomado lo antes posible después de una relación sexual sin protección, y a más tardar dentro de las siguientes 72 horas. El segundo comprimido debe ser tomado 12 horas después del primero. Ante la presencia de vómito en las tres horas posteriores a la primera dosis, tomar de inmediato el segundo comprimido”.
La inclusión de la PAE fue acordada por la Comisión interinstitucional del cuadro básico de insumos del sector salud, de que forman parte representantes de las secretarías de Salud y de la Defensa Nacional, el IMSS, el ISSSTE, el DIF, y el Comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios. La publicación en el Diario Oficial del 11 de julio apareció bajo el rubro del Consejo de Salubridad General, cuya identidad jurídica no parece tener clara el secretario de Gobernación. Se trata de un órgano constitucional, establecido en la fracción XVI del artículo 73, que depende “directamente del Presidente de la República sin intervención de ninguna secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en todo el país”.
Tanto en enero de 2004 como ahora, el conservadurismo católico achaca a la píldora del día siguiente el ser un medio para abortar. En aquel entonces la Comisión episcopal de pastoral familiar definió la PAE como “claramente abortiva, en cuanto que elimina directa y voluntariamente la vida de un ser humano recién concebido”, pues en su visión “la vida de un nuevo ser comienza en el momento en que el óvulo es fecundado y se completa el nuevo genoma”. En sentido diverso se manifestó entonces el Colegio de Bioética, integrado por científicos eminentes y laureados, quienes afirmaron que “la concepción es la implantación del óvulo fecundado en el útero, aproximadamente 14 días después de la fertilización, por lo que la AE no es un método abortivo, pues actúa antes de la concepción”.
Criticada en medios eclesiásticos la posibilidad de entregar la píldora a título gratuito (pues ello implica su inclusión en el cuadro básico) el reproche halló eco en el secretario Abascal, quien sin capacidad legal ninguna dijo, como si eso se le hubiera preguntado, que su “compromiso con la vida es indeclinable” y que “el tema se está revisando al interior del Gobierno Federal”. El secretario de Salud Julio Frenk recordó que era un tema superado, pero accedió a parlamentar. Su oficina dijo el lunes pasado que Salud y Gobernación “informan que se profundizará en un diálogo entre los principales actores interesados sobre el alcance y cobertura de la medida adoptada recientemente” y que ambas dependencias “atenderán este tema tomando como base los elementos técnicos y jurídicos aplicables, el bienestar general de la población, así como el pleno respeto a los derechos de las personas”.|
Como vocero suplente, ayer terció en el asunto el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo. Como si estuviera a discusión de nuevo la Norma Oficial Mexicana en materia de planeación y no la inclusión de la pastilla en el cuadro básico del sector salud, remitió el tema a la Ley de metrología y normalización, conforme a la cual es posible revisar cada cinco años una norma según lo determinen criterios técnicos. Por lo tanto, no hay posibilidad por ahora de excluirla de aquel repertorio de fármacos, pero sí para que las iglesias (cuya atención corresponde a Bucareli) entren en diálogo con el Gobierno sobre la materia.
Abascal echó por delante su convicción personal antes que invocar sus facultades para atender argumentos eclesiásticos, que no le fueron formalmente presentados por ninguna asociación religiosa. En todo caso, si se la otorga competencia por esa vía, deberá considerar la posición de Católicas por el derecho a decidir, única voz de fieles de ese credo que hasta ahora se ha expresado (aparte la opinión de la esposa del presidente, que sobre la marcha opinó que la pastilla no es abortiva). Esa agrupación, que en 2003 encargó una encuesta sobre el tema, recordó que “el 88 por ciento de la población católica mexicana manifestó su apoyo a que los servicios de salud pública provean anticoncepción de emergencia a las mujeres que han sido violadas” y 78 por ciento a quienes han tenido una relación sexual no protegida.
