Reacción|El alcalde electo no está dispuesto a asumir la carga financiera
ELSIGLO DE TORREÓN
La erogación por concepto de liquidaciones sería de aproximadamente tres millones
TORREÓN, COAH.- La actual Administración Municipal tiene la obligación de indemnizar a la totalidad de los trabajadores que contrató por tres años. Lo más normal es que cada funcionario nuevo ?traiga a gente de su confianza?, afirma el alcalde electo, José Ángel Pérez y precisa que hablará con Guillermo Anaya al respecto.
El alcalde electo no está de acuerdo en asumir él, la carga financiera que le representaría tener que liquidar a cerca de 46 empleados municipales que forman parte de los llamados mandos medios y que no se les puede contratar porque era gente de los otros directores.
El alcalde electo se comprometió a tratar el asunto tanto con el presidente municipal, Guillermo Anaya, como con el tesorero, Jorge Handam, a fin de que se arregle esa situación de carácter administrativo, antes de que concluya el Gobierno, el 31 de diciembre e indica que: ?de alguna manera tendrán que reunir los recursos necesarios para liquidarlos, pues no es mi responsabilidad?.
Varios jefes de áreas técnicas y administrativas que solicitaron su anonimato, denunciaron que aunque lo que se estila es que salgan junto con los directores o coordinadores generales, a los cuales ya se les indemnizó con un bono de marcha por dos meses de sueldo, ellos no fueron contemplados para liquidarlos y temen por su suerte laboral.
Los sueldos que ganan estos funcionarios de segundo nivel administrativo, oscilan entre los quince y 20 mil pesos mensuales y son más o menos tres por cada una de las direcciones generales, en total 46 personas, algunas de ellas entraron inclusive recomendadas por el propio, Guillermo Anaya, o su hermano, Andrés Anaya.
Ellos señalan que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, procede indemnizarlos con tres meses de sueldo, lo que representaría erogar poco más de tres millones de pesos para el actual Gobierno.
José Ángel Pérez Hernández desconocía esta situación y dice que le encomendará que la analice también al nuevo director de Servicios Generales.
Precisa que es una acción necesaria eliminar a esos jefes de áreas por razones lógicas, pero no tiene nada que ver con los trabajadores sindicalizados, ni con secretarias y dice que: ?no se trata tampoco de limpiar toda la Administración?.
Se justifica al indicar que aunque se trate de gente de un mismo partido, se supone que cada gobernante se forma de un equipo de trabajo y eso es un derecho legítimo que debe respetarse.
No le parece justo entrar al Gobierno, con asuntos que le dejan ?pendientes? de pago, pero expresa que de alguna manera habrá que solucionarlos por estricta congruencia.
No hay obligación
El secretario del Ayuntamiento, Eduardo de la Peña Gaitán, asegura que la Administración no está obligada a liquidar a los jefes de áreas técnicas y administrativas de las dependencias municipales, dijo que todo el personal deberá presentarse a trabajar el lunes dos de enero y serán los próximos directores generales quienes evaluarán y definirán la situación laboral de todo el personal.
El secretario del Ayuntamiento niega que la Administración de Salomón Juan Marcos Issa hubiera liquidado a los jefes de área y afirma que fue en la gestión de Guillermo Anaya cuando se definió la situación laboral de los trabajadores, ?el Ayuntamiento ha tenido infinidad de demandas laborales porque hubo personas que fueron puestas a disposición del departamento de Recursos Humanos y no se llegó a ningún acuerdo económico en cuanto a sus cuestiones laborales y demandaron al Ayuntamiento. De confianza hay tanto directores hasta secretarias, en todos los niveles hay personal de confianza, si partimos de esa base, de los dos mil 500 empleados municipales, 800 y algo es personal sindicalizado, entonces si partiéramos de la base que a todos los de confianza tuviéramos que liquidarlos, tendríamos que liquidar a casi mil 700 empleados?, explica.
De la Peña Gaitán insiste en que no hay obligación de liquidar a estos jefes de área, pues dice que los próximos funcionarios deben evaluar al personal y deben valorar el trabajo de las personas, y si no llenan las expectativas de los nuevos directores tendrán que llegar a un acuerdo para que sean liquidados, pero esto le corresponde a la siguiente Administración.
