EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Sin importar las condiciones, la venta que se pretende realizar del terreno donde se ubica el Club de Industriales de La Laguna es completamente ilegal, en razón de que es donación del Ayuntamiento, que puede disponer del inmueble en caso de que se presente dicha situación, precisa Carlos Gómez Hernández, quien se desempeñó como jefe del Registro Público de la asociación civil en 1978, cuando obtuvieron el lote por parte del Municipio.
Como se informó en El Siglo de Torreón el pasado lunes, existe un contrato de compra-venta inscrito el pasado 17 de mayo del presente año en el Registro Público de la Propiedad, por parte del notario público número uno, David Rolando Cázares Juárez, donde se indica que el vendedor, Rafael Sosa Mena, actual presidente de la asociación, recibirá por dicha transacción la cantidad de 15 millones de pesos por parte del adquiriente, Baltasar Villarreal Montemayor.
Gómez Hernández, quien formó parte de la mesa directiva que gestionó por cerca de un año la adquisición del sitio, señala que el decreto es claro en cuanto a que, si hay una venta del inmueble, el Municipio tiene la obligación de nulificarlo y rescindir la donación.
Explica que, para evitar el mal uso del inmueble, se colocaron cláusulas como ?candados?, para asegurar a futuro que el Club de los Industriales no sería traspasado, a menos que se lograra una modificación de los decretos.
?Jamás puede ser vendido, no es posible porque así se dejaron los decretos como claves para que no se diera este tipo de situaciones?, dice.
La donación de los tres mil 792 metros cuadrados del terreno ubicado en la sección cuatro del fraccionamiento La Rosita se llevó a cabo durante la administración del alcalde, Francisco Madero y con Óscar Flores Tapia como gobernador de Coahuila.
Gómez Hernández refiere que la función del edificio es meramente social y sin fines comerciales ni de lucro, por lo que resultaría ilegal buscar beneficios económicos a través de la venta del lugar.
Buscan llegar a un acuerdo.
El Club de Industriales busca llegar a un acuerdo con el ex trabajador de esa agrupación, Jorge Sada Salinas, que beneficie a las dos partes, dado que la situación financiera de la asociación no le permite cubrir lo demandado, declara el presidente del Club, Rafael Sosa Mena.
Los antecedentes del caso se remontan a 2001, cuando Sada Salinas, gerente del citado Club, fue despedido por el Consejo de Administración y el ex empleado interpuso la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, instancia que falló en contra del demandante y éste se inconforma ante el Tribunal Unitario, el cual le otorga la razón y ordena a la Junta emitir un nuevo laudo.
El problema, explica Sosa Mena, es que por el tiempo transcurrido el monto asciende a 600 mil pesos, sobre todo por salarios caídos y otros conceptos, cantidad que no tiene el Club y es por ello que propone al demandante llegar a un arreglo que convenga a las dos partes.
?Sólo hemos tenido una plática oficial con los abogados del señor Sada, pero no hemos logrado el acuerdo cordial porque no podemos cubrir los 600 mil pesos y la propuesta nuestra no les pareció correcta?.
El Club de Industriales, precisa, no es un negocio, sino una Asociación Civil que se mantiene con las cuotas de los socios, con lo cual se cubre también el sueldo de los empleados que tiene para su administración.
?La decisión de la autoridad la respetamos, es legal pero no nos parece justa, dado que no podemos cubrir esa cantidad y queremos llegar a un arreglo para no enfrascarnos en polémicas públicas ni privadas?, dice por último Sosa Mena.
