La forma en que se resuelven los grandes conflictos en nuestro país da cuenta de la gran debilidad del pueblo mexicano. Pareciera -desde un ejercicio de abstracción- que todo, literalmente todo, puede suceder sin que tenga mayores consecuencias. El caso del ex gobernador del Estado de México y ex aspirante a la candidatura presidencial de su partido, el PRI, Arturo Montiel, es un claro ejemplo de cómo la ciudadanía queda invariablemente reducida a mera espectadora de los juegos de simulación, de esas grandes puestas en escena de los dramas de la clase política dominante que –también, invariablemente- terminan bajo el cobijo de la impunidad.
Luego de una suerte de investigación “fast track”, el contralor estatal Eduardo Segovia (amigo de Montiel) concluyó que los ingresos del ex gobernador son consistentes con sus gastos. El dictamen fue avalado por el actual mandatario (y también amigo de Montiel), Enrique Peña Nieto. Nada extraño hay, entonces, en el departamento en París, valuado en 1.3 millones de euros, equivalente a 16.3 millones de pesos al tipo de cambio actual, como tampoco no hay nada que investigar en la adquisición de una residencia ubicada en la costa de Careyes, Jalisco, valuada en 60 millones de pesos, o bien, de los inmuebles que posee en Acapulco, Guerrero y en Valle de Bravo, Estado de México, entre otros.
“Los bienes y valores emitidos guardan consistencia con los ingresos que ha manifestado percibir durante ese lapso”, sentencian hoy las autoridades mexiquenses, las que olvidan que Arturo Montiel inició su carrera política en 1975 como alcalde interino de Naucalpan y que si bien, fue en dos ocasiones presidente del PRI en su estado, ocupó sólo cargos menores hasta llegar a la gubernatura en 1999.
La estimación más justa es que si hubiera ahorrado cada centavo ganado a lo largo de 30 años como funcionario, tendría hoy poco menos de 27 millones de pesos, una suma muy inferior a lo que ha gastado en sus propiedades y sin duda, también menor a las cantidades que sus hijos mueven hoy de cuenta en cuenta y en efectivo. Sin embargo, no hay nada que investigar. El caso, como muchos otros, da perfecta cuenta del grado de debilidad de un pueblo que permite estas y otras anomalías de su clase gobernante.
