Es una deficiencia terrible de la justicia el que Raúl Salinas de Gortari, exonerado el jueves nueve del crimen de José Francisco Ruiz Massieu, haya pasado más de diez años en la cárcel siendo inocente, tal como lo determinaron tres magistrados. Dentro de esa desgracia, sin embargo, el hermano incómodo del presidente Salinas no se puede quejar. Recibió a lo largo de más de una década varias muestras de deferencia judicial y ministerial.
Las primeras ocurrieron antes de su detención. Dos veces habló con Mario Ruiz Massieu, el subprocurador de la República responsabilizado de investigar el crimen de su hermano y de ello no se siguió consecuencia alguna, a pesar que las conversaciones derivaron que el nombre de Raúl Salinas había brotado en las pesquisas iniciales.
Por ejemplo, una y otra vez el médico pachuqueño Manuel Espinosa Milo narró que el 29 de septiembre de 1994 había acompañado al diputado Manuel Muñoz Rocha hasta las cercanías del domicilio de Raúl Salinas, a quien el legislador del que nunca se supo más desde entonces, le dijo que visitaría enseguida.
Ninguna de esas veces las versiones del ministerio público recogieron las explícitas referencias al apellido presidencial. En noviembre Ruiz Masieu recibió una fuerte gratificación del presidente Salinas no obstante que su renuncia poco antes de concluir el sexenio fue presentada como una ruptura con el Gobierno. Después, al pretender huir a Estados Unidos fue detenido por no declarar una suma de dinero que le fue requisada y quedó expuesto a acusaciones penales por el Gobierno mexicano, en relación con las investigaciones de que notificaba diariamente al presidente Salinas. Como se recuerda, se privó de la vida el 15 de septiembre de 1999.
En enero de ese mismo año Raúl Salinas había sido sentenciado a cincuenta años de prisión, que cumpliría en La Palma, el penal de alta seguridad a donde se le condujo desde su detención en febrero de 1995. Pero en abril de 1999 se le transfirió al penal de Santiaguito, de donde salió en la primera hora de ayer martes. Es la cárcel estatal mexiquense, un reclusorio muy benigno comparado con la dureza del centro de readaptación federal. Aunque nada alivia la crueldad del cautiverio, es claro que el traslado de Salinas de Gortari significó un privilegio, y ni siquiera el ejercicio de un derecho que les fue negado sistemáticamente a los hermanos Cerezo, acusados tan insustancialmente que uno de ellos quedó ya en libertad mientras que los dos restantes, sujetos a acusaciones idénticas, no sólo siguen presos sino que fueron trasladados, a modo de sanción, de La Palma a los establecimientos similares en Puente Grande y Matamoros.
Una deferencia sustantiva recibió Raúl Salinas del magistrado Tomás Hernández Franco que conoció la apelación a la sentencia del juez Ricardo Ojeda Bohórquez. Sin poner en duda la responsabilidad penal atribuida a Salinas de Gortari, el magistrado del Tribunal Unitario redujo la pena de prisión a 27 años. Un ahorro de 23 años no es despreciable en modo alguno. Con todo, no fue esa la mayor deferencia que la justicia deparó al ahora exonerado.
Tiene esa categoría la insolitísima prolongación del proceso por enriquecimiento ilícito que no ha concluido a pesar que ha durado ya nueve años. Iniciado en marzo de 1996, concierne a la diferencia entre el patrimonio inmobiliario y en efectivo determinado por la autoridad y sus ingresos declarados de 1982 a 1992, momento este último en que abandonó el servicio público a sugerencia de la contralora de su hermano el presidente Salinas, María Elena Vázquez Nava, por los rumores de “actividades irregulares” del hermano incómodo.
Nueve años no han bastado para que se dicte sentencia, lo que fue una bendición para el ingeniero Salinas de Gortari. De haber sido abordado ese proceso con la lentitud digamos que habitual, a estas alturas habría sido ya sentenciado, y estaría cumpliendo su condena. Aunque se le exonerara del crimen de Ruiz Massieu, habría debido permanecer en prisión. Pero como el proceso está abierto, tuvo derecho a libertad bajo fianza. Aunque por sí mismo el monto de la fianza fijado es espeluznante, mucho más lo es el monto del enriquecimiento alegado por la autoridad, 224 millones de pesos.
Una nueva deferencia aceleró el procedimiento por el cual quedó libre Salinas de Gortari. La PGR hubiera podido apelar el auto en que se concedió la libertad bajo fianza, con el plausible argumento de que el reo está en condiciones de sustraerse a la acción de la justicia. Y sin embargo el ministerio público elegantemente guardó silencio, para no estorbar.
Igualmente deferente y omisa se ha mostrado la PGR en lo que toca a la vertiente francesa de la situación de Raúl Salinas. Desde el año pasado el Tribunal de Gran Instancia solicitó una orden internacional de arresto contra el ingeniero, su hermano Enrique y la ex esposa de éste, Adriana Lagarde, a quienes se proponía iniciar juicio por lavado de dinero en relación con el tráfico de narcóticos.
La oficina mexicana de Interpol recibió el pedido correspondiente y en vez de cumplirlo, miembros de la AFI adscritos a esa oficina habrían extorsionado por ello a Enrique Salinas de donde, a decir de la Procuraduría mexiquense se desprendería el homicidio del menor de esa familia. Hasta ayer, el hermano mayor tenía domicilio conocido, estaba localizable. Hoy ya no. En una nueva deferencia, quizá la PGR incumpla su compromiso internacional de hacerlo saber a París.
