La norma prevé sanciones de entre cinco y ocho años de detención en sitios distintos a cárceles para los paramilitares, pese a los graves crímenes de que son acusados.
Bogotá, (EFE).- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, restó hoy importancia a las críticas contra la ley de "justicia y paz", aprobada por el Congreso a petición del Ejecutivo para regular la reinserción de los paramilitares desmovilizados.
Uribe declaró a los periodistas que "los críticos tendrán que preguntarse por qué hemos logrado desmovilizar 12 mil 600 personas, si esto fuera mal no hubiéramos logrado este hecho que rompe cualquier marca anterior".
"Creo que la discusión se supera bastante en el momento que se vean hechos de paz, como se viene viendo con las desmovilizaciones", manifestó el gobernante, cuyo gobierno también promueve la deserción de los insurgentes por medio de un plan de reinserción.
La propuesta legislativa aprobada el pasado martes después de año y medio de estudios, adiciones y modificaciones en el Legislativo, es considerada por el Gobierno como fundamental para que avancen las negociaciones que celebra desde hace dos años con la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La norma prevé sanciones de entre cinco y ocho años de detención en sitios distintos a cárceles para los paramilitares, pese a los graves crímenes de lesa humanidad de que son acusados.
Las AUC, con entre 17 mil y 19 mil integrantes, surgieron hace más de veinte años para defenderse de las guerrillas de izquierda, pero se convirtieron en escuadrones de la muerte y están acusados de múltiples violaciones de los Derechos Humanos y de financiarse con el narcotráfico.
De acuerdo con el calendario de las negociaciones, las AUC deben estar disueltas antes de 2006, aunque el proceso ha sufrido retrasos por varios momentos de crisis y hasta ahora han entregado sus armas unos cinco mil paramilitares.
Varias entidades han advertido de que la ley no garantiza mecanismos de verdad, justicia y reparación, entre ellas las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), además de congresistas estadounidenses y dependencias de las Naciones Unidas.
También han criticado la ley medios internacionales, entre ellos el diario estadounidense "The New York Times" y congresistas opositores dentro de Colombia.
No obstante, el Gobierno afirma que quienes critican la ley no la han leído detenidamente.
El ministro colombiano de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, manifestó que "lo más simpático es que (...) cuando uno se reúne con los periodistas y les explica en detalle el contenido, dicen: no me había dado cuenta".
"Se hacen comentarios simplemente por informaciones de terceros", dijo Pretelt.
