Sospechosos de terrorismo son enviados por EU a terceros países para ser interrogados.
SUN-AEE
NUEVA YORK, EU.- Un ciudadano canadiense, de 35 años, hizo historia aquí al interponer por primera vez en una Corte federal una demanda contra el Gobierno del presidente George W. Bush y su política de tortura de sospechosos de terrorismo.
Los abogados de Maher Arar, nacido en Siria y nacionalizado canadiense, promovieron la tarde del martes los argumentos orales del caso en una Corte de distrito de Brooklyn, y esperan que el magistrado a cargo otorgue el visto bueno para un juicio.
El principal acusado es el ex procurador general John Ashcroft, pero la demanda incluye también al ex secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge, y al ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Robert Mueller, entre otros.
La demanda se centra en la política de ?rendición?, la práctica utilizada con frecuencia por el Gobierno de Bush, según la cual sospechosos de terrorismo son enviados a terceros países para ser interrogados y a menudo enfrentan torturas.
El juez que aceptó escuchar el caso y plantear siete preguntas iniciales a ambas partes para los argumentos orales, es David Trager.
?Este juicio es sobre todo un reto a los poderes extraordinarios que asumió una rama del Gobierno después de los ataques de septiembre de 2001 y la defensa al abuso sobre una de las víctimas? dijo Barbara Olshansky, abogada de Arar.
Es ?una rama que no considera que sus acciones están limitadas por la Constitución?, añadió Olshansky, miembro del Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York. Arar, un consultor de computación, fue detenido en septiembre de 2002 en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, Estados Unidos (EU), durante una escala hacia Canadá.
Las autoridades estadounidenses lo mantuvieron incomunicado y sin poder contactar un abogado, y lo enviaron a Siria, su país de origen, donde sus abogados aseguran que permaneció en prisión durante más de un año y sujeto a torturas.
Arar no pudo estar presente en la audiencia inicial de su caso porque las autoridades migratorias estadounidenses le tienen prohibida la entrada al país, pero según la abogada ?pudo seguir todo el procedimiento a través del teléfono?.
El Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York es la primera organización de defensa de derechos civiles en el país, que reta en Corte la política de ?rendición extraordinaria? del Gobierno de Bush.
EN DEFENSA
Un asistente de la Corte, señaló que del lado del Gobierno 14 abogados estuvieron en la sala para defender la política y la postura de Ashcroft, Ridge y el resto de los encargados de la rama judicial del país.
Hasta ahora el Gobierno ha presentado el trato a Arar como un simple caso de deportación ?a un miembro de la organización Al Qaeda?, y niega las acusaciones de tortura, que en su momento causaron enorme tensión entre los Gobiernos de Washington y Ottawa.
Arar quiere que la Corte establezca que el Gobierno de Bush violó sus derechos y que explique en público porqué fue enviado a Siria en vez de permitirle simplemente volver a Canadá, además de buscar también una compensación económica.
Su caso no es único, pero sí es quizá uno de los que más notoriedad ha tenido desde la puesta en práctica de la ?rendición?, por las características políticas y étnicas del caso.
Los abogados del Gobierno sostienen que no tienen porqué explicar en Corte los motivos que les llevó a sospechar que era un terrorista o si tenía relaciones con redes terroristas, porque el hacerlo expondría ?secretos? de operación.
La defensa de Arar sostiene que nadie ha probado jamás vínculo alguno entre su cliente y Al Qaeda. El juez determinará en las próximas semanas si el caso procede y en caso de que el fallo favorezca a Arar, sus abogados planean solicitar un juicio con jurado en la Corte para ventilar en público ?el trato de civiles inocentes por el Gobierno?.
