Los Diputados consideran que la Asamblea Legislativa del DF se extralimitó en sus funciones al desconocer la resolución tomada en el proceso de desafuero contra López Obrador.
MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- La Cámara de Diputados interpondrá una demanda de controversia constitucional en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
El motivo es que los diputados consideraron que se extralimitó en sus funciones al desconocer la resolución tomada el jueves pasado, en el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno con licencia.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, José González Morfín, informó que los coordinadores parlamentarios, excepto el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez Alvarez, y del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, acordaron solicitarle al presidente de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, que conforme el documento a entregarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de la reunión, los coordinadores parlamentarios determinaron que la ALDF, al haber votado la resolución de la Cámara de Diputados y rechazar el que López Obrador quede separado de su cargo al perder el fuero, se excedió en sus
funciones.
El jueves pasado por la noche los perredistas en la asamblea legislativa, con su mayoría de 37 votos, desconocieron el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados y acordaron presentar una controversia constitucional ante la misma Corte, para argumentar que los diputados federales carecen de facultades para realizar el juicio de procedencia.
Según los asambleístas, López Obrador debería seguir en el ejercicio de su cargo, independientemente del juicio de procedencia que se le practicó el pasado 7 de abril.
Los diputados locales del PRD establecieron que no puede ejecutarse acto penal alguno contra López Obrador y por lo tanto se suspende todo procedimiento que le afecte.
En aquella ocasión los asambleístas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) expusieron que el acuerdo de los perredistas es una interpretación sesgada de la Constitución, ya que ni el artículo 111 ni el 122 de la Carta Magna dan a la Asamblea esas atribuciones, pues no se le reconoce como Congreso local y sus atribuciones están acotadas.
