La democracia en México ha ido avanzando, poco a poco, sin que exista fuerza que la detenga, aún cuando haya interesados en intentarlo o al menos demorarla.
Hoy en día aceptamos que la más elemental de las democracias, la distributiva, empieza a dejar de ser prevaleciente. Con el paso de los años están presentándose los acomodos en cuestiones políticas, aunque estén basados en los grandes escándalos, como los dados por los partidos políticos mexicanos, o la esposa del presidente y el mismo primer mandatario o el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que se ocupan más en buscar el descrédito de sus oponentes con base al agravio en cuestiones íntimas y el amarillismo periodístico, que atender las reglas y principios de la política y la diplomacia.
Pareciera que los problemas de la democracia llamados “de primera generación”, que tienen que ver directamente con las reglas de la distribución del poder basadas en el proceso electoral ya están siendo superados. Cada vez que hay nuevas elecciones, a cualquier nivel, son más claras en sus procesos y por lo tanto más difíciles de impugnar, aún cuando por sistema los partidos perdedores insistan en hacerlo. Desde luego que continúan apareciendo casos reprochables, afortunadamente esporádicos, mismos que seguimos repudiando todos los mexicanos.
Estamos entrando en la discusión de temas que pudieran llamarse de “segunda generación”, que tienen que ver con las normas para gobernar, con la administración de los gobiernos y la transparencia con que se realizan las funciones públicas. Pero aún así no es suficiente; debemos seguir por el camino que nos lleve a la consolidación de la democracia, con mayor madurez, diálogo abierto y colaboración.
El caso de la transparencia de la gestión pública ha sido discutido por los especialistas del tema y todos los mexicanos nos hemos sometido a la acreditación por parte de organismos internacionales de la ONU o del Banco Mundial, entre otros, siempre tratando de apoyar la evolución de nuestra vida democrática, la madurez y el desarrollo como nación.
No por nada hemos aceptado la aparente ingerencia de esos organismos en cuestiones propias del Estado mexicano, buscando dar claridad a nuestras acciones, por el simple razonamiento que nos conviene, según los consejos recibidos de los expertos en política internacional y justicia social.
Transparency International, organismo que cubre a 130 países, insiste en que todos los Estados del mundo deben cuidar su transparencia como un medio de defensa social y hasta económica. A.T. Kearney, uno de los investigadores del tema, ha desarrollado una metodología que permite definir qué tan “oscuro” o “transparente” es una nación; qué tanto participan en el proceso de apertura global y dejan penetrar sus fronteras a empresas, medios de comunicación o servicios internacionales, de tal forma que puede definir el cambio en cada caso particular. Asegura que los países encerrados en sí mismos, aquellos que no aceptan ningún tipo de ingerencia por considerarla fiscalizadora y/o quienes se niegan a someter a parámetros de comparación, son los que sufren los mayores índices de corrupción.
Interesantemente, esos mismos especialistas definen y cuantifican los efectos que tiene la corrupción y el pago que deben hacer los contribuyentes de esos países, traducidos como intereses extra para los inversionistas extranjeros, que desean poner su dinero a estimular la economía de esos Estados “cerrados y opacos”, que además son los más afectados con el fenómeno y coincidentemente, los más bajos en los niveles de democracia.
Así, Pricewaterhousecoopers, empresa dedicada a la asesoría en inversiones internacionales, dice que ese sobrepago de intereses se puede ver como un impuesto especial para costear la corrupción, que en países con democracias evolucionadas puede ser de cero por ciento; en tanto, en aquellos inmaduros democráticamente, llega hasta el 46 por ciento, caso de China, o 43 por ciento, caso de Rusia. En México consideran que puede representar un 15 por ciento.
Ese sobreimpuesto debe sumarse al costo del crédito bancario, que desde luego es más alto en los países que no muestran apertura a la globalización y que se mantienen en buena parte con políticas de protección y enclaustramiento de su economía, y que son oscuros en sus manejos, muchos de ellos también calificados de corruptos.
Han encontrado relación con el PIB y los porcentajes de créditos que permiten circular al dinero para generar riqueza. Los países desarrollados tienen formas más blandas para prestarlo; en contraparte, la sobretasa de pago crece en los países menos democratizados y corruptos. La explicación es simple: el riesgo para los inversionistas es mayor y la posibilidad de perder es más grande; además, la probabilidad de que no se recupere un crédito bancario puede llegar a ser hasta del 12 por ciento.
La democracia tiene mucho que ver con tratos iguales entre seres iguales y para fines prácticos todos tenemos los mismos derechos y obligaciones sociales y legales, sin embargo, el 76.1 por ciento de los mexicanos aún pensamos que sólo debemos obedecer las leyes justas y razonables, aquellas que creemos que no afectan a nuestros intereses personales. Esa falta de cultura de respeto a las normas nos cuestan mucho dinero, que también alguien ha estimado en pérdidas por 29,000 millones de dólares anuales.
La diferente aplicación de las leyes y las penas descritas para los infractores, según tengan buena defensa legal o no, hacen a México injusto. Para nadie es de dudar que en nuestro país existen ladrones de cuello blanco, o con fuero político que deambulan por las calles ofendiéndonos con su desvergüenza y su impunidad; por otra parte, también es del dominio público que el pobre está prácticamente indefenso legalmente al no poder pagar un abogado bien preparado, ya que el Estado está incapacitado para atenderlos a todos. Esa realidad nacional nos hace inmaduros democráticamente y son temas de “segunda generación” que debemos empezar a atender con urgencia.
Le he querido compartir los anteriores datos estadísticos, tomados de los Cuadernos de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a fin de motivarlo a pensar en la importancia que tienen los hechos políticos de estos días, especialmente los que representan la impunidad, la desvergüenza, el cinismo, la manipulación de las leyes, la deshonestidad, el abuso y el deterioro de la democracia. Le quiero insistir que nos mantengamos atentos, porque aún vendrán mayores sorpresas, discusiones, acusaciones y ataques entre partidos y políticos, que luchan por posicionarse de cara a elecciones en los diferentes niveles.
Le insisto que hay interesados en que volvamos a aquellos tiempos de la manipulación de la voluntad popular. Si la globalización no ha sido efectiva para alcanzar mejores niveles de vida para todos, también es cierto que nos ha abierto al mundo y éste nos observa, dejándonos de paso la posibilidad de luchar por la democracia, expresarnos libremente y tener la confianza, bastante bien fundamentada, de que nuestro voto será respetado. ¿Qué opina?
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