ATLANTA (AP).- Tras 56 horas de negociaciones, un presunto homicida que amenazaba con suicidarse desde una grúa recibió un shock eléctrico y las autoridades pusieron fin al episodio cuando trataba de recibir agua.
"Al parecer tenía sed", dijo el portavoz policial John Quigley.
Carl Edward Roland, de 41 años, se encaramó a una grúa _con una altura equivalente a 18 pisos_ sobre las 5 p.m. el miércoles y dijo a la policía que estaba pensando en suicidarse saltando al vacío, dijeron las autoridades.
El suceso se produjo en el distrito de Buckhead, una zona de restaurantes y clubes. Durante las 56 horas, el público llenó las terrazas de los restaurantes, aprovechando un clima veraniego, para presenciar el episodio.
Roland era buscado por la policía del condado de Pinellas por la muerte de su ex novia Jennifer L. González, de 36 años, cuyo cadáver fue hallado el martes. Una orden de arresto acusa a Roland de haber estrangulado a González y arrojar sus restos a un estanque en el complejo de edificios donde ella vivía.
Según una declaración jurada, Roland dijo a varios conocidos dos días antes que tenía sospechas de que González le era infiel y les pidió una pistola para matarla.
Durante las negociaciones con la policía, Roland aceptó una chaqueta que le brindó un agente pero se negó a recibir comida y agua.
Empero, el sábado por la mañana, Roland se acercó a uno de los agentes del equipo negociador en busca de agua, momento aprovechado por uno de ellos para darle un shock eléctrico.
Roland mostró emociones mixtas durante las negociaciones, dijo Alan Dreher, subdirector de la policía en Atlanta.
"A veces estaba calmado. Otras veces era cordial. Oras estaba irritado. Todo dependía de la situación", dijo.
Roland fue llevado a la hospital Grady Memorial y seguramente será acusado de diversos delitos en Atlanta y Florida. Fuentes hospitalarias dijeron que Roland se encontraba en buenas condiciones.
Desde marzo, Roland se retiró de su trabajo como vendedor y se declaró en bancarrota. Roland dijo que debía 10.500 dólares en impuestos federales y más de 13.000 en tarjetas de crédito, según registros judiciales.
