A un año y medio de que el Infonavit interpuso la demanda correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por fraude y mal ejercicio de funciones en contra del ex delegado de la dependencia Sergio Cisneros Rivera, Moisés Moreno, ex jefe del área jurídica; Martín Martínez Guerrero, ex jefe de Crédito; y Gustavo Rodríguez Esparza, quien fungiera como responsable del área financiera, aún no hay una resolución.
Dichas personas son los responsables de la situación que se presenta en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, según establece el actual delegado José Flores Hernández, quien además comenta que se trabaja para dar una solución a la problemática de los residentes.
Manifiesta que el fraccionamiento Jardines de San Antonio se erigió entre 1995 y 1998, tiempo en el que Sergio Cisneros Rivera era delegado. ?Nosotros en esta nueva administración detectamos en un primer momento un problema con 115 casas, que fueron financiadas por el Infonavit indebidamente en virtud de que están asentadas en terrenos no libres de gravamen, situación que implicó una falta grave por parte del Delegado y otros funcionaros?, cuenta.
?Esto motivó a que la empresa que es Organización Costa así como Cotramsa, ambas de los mismos propietarios, se acercaran al Infonavit y empezaran a trabajar sobre la respuesta a esta demanda que presentamos. Esos terrenos tenían tres gravámenes?, dice.
En la actualidad la compañía responsable ha podido liberar el bien inmueble de dos gravámenes, quedando sólo uno por el orden de los 300 mil pesos.
?De cubrirse este adeudo y de promoverse una vez liquidado el compromiso se gira una instrucción al Registro Público de retirar ese gravamen y el problema queda resuelto al 100 por ciento?, indica, pero resalta que la solución depende de la ?voluntad y disposición? de la empresa para liquidar su adeudo.
Además de estas 115 viviendas hay una problemática similar con 410 que tienen varios gravámenes, el primero es por la apertura de un crédito con el propio Infonavit, el cual no implica problema alguno según Flores Hernández, pues están en la mejor disposición de colaborar.
?Después hay un gravamen con la Secretaría de Hacienda por 14 millones de pesos, otro con la misma dependencia con 200 mil pesos. Un tercer gravamen por 195 mil pesos con Infonavit por un crédito fiscal y, finalmente, el gravamen de la hipoteca por el crédito que otorgamos al acreditado?, ilustra.
Sobre la denuncia expresa que los cargos son porque de las 115 viviendas, 24 créditos se pagaron dobles. La duplicidad de créditos representa tres millones de pesos, pero el hecho de dar un financiamiento sin estar debidamente garantizados la cifra es de 18 millones de pesos.
Para resolver el conflicto de las 410 casas se requiere quitar los cuatro gravámenes anteriores. ?Lo que es el crédito fiscal ha sido liquidado por parte de la empresa, quedando pendiente por atender los compromisos con Hacienda. Una vez que la compañía haga lo propio se podrá hablar de la liberación total, lo cual dará la total garantía jurídica de las propiedades de las viviendas?, puntualiza.
POSICIÓN
Luego de que algunos vecinos del fraccionamiento Jardines de San Antonio se manifestaran en el Congreso del Estado para pedir la intervención de los diputados en el problema concerniente a sus viviendas, el delegado del Infonavit José Flores Hernández dice que los representantes populares no tienen injerencia alguna en el caso.
?El Congreso tiene la facultad de girar alguna invitación, mas no hacer una comparecencia formal, porque el Infonavit es un organismo autónomo y la relación con las autoridades federales, estatales y municipales es distinta. No hay una subordinación?, declara.
Al tratarse de una situación de interés social, el Infonavit está en la mejor disposición de ofrecer toda la información relacionada con las acciones que han emprendido para atender la problemática de estos duranguenses.
Agrega que los diputados en un momento dado pueden intervenir en hacer una revisión en el Registro Público de la Propiedad. ?Habría nada más que confirmar si los gravámenes que se interpusieron por la Secretaría de Hacienda fueron hechos de manera correcta, pues pudo haber alguna irregularidad y el Congreso del Estado tendría facultades para iniciar una investigación en el proceso de inscripción de tales gravámenes y que están afectando a estos acreditados?, finaliza.
