Frenos vende boletines emitidos por la SCJN a 50 pesos evitando el decomiso de carros.
Javier Reyes Ortiz, dirigente de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), denuncia de fraude al Frente Nacional de Organizaciones Sociales (Frenos), ya que engaña a las personas diciéndoles que en breve será la regularización y les vende boletines de prensa emitidos por la Suprema Corte de Justicia a 50 pesos con el argumento de que con esos documentos no les podrán decomisar el carro.
El ex aspirante a diputado local por el Partido Acción Nacional estima que unos 300 duranguenses han sido estafados por parte de los dirigentes de Frenos, en especial por parte de José Guadalupe Barrios Núñez.
Pero además de estos señalamientos, Reyes Ortiz advierte que en el caso de la regularización de los vehículos extranjeros, ningún partido político se va a llevar el crédito y señala que los diputados locales tienen mucha ignorancia sobre el tema.
En rueda de prensa, el dirigente advierte a las personas sobre la actuación irregular de Frenos y anuncia que con la información recabada interpondrán la denuncia correspondiente ante autoridades federales para que tomen cartas en el asunto.
Denuncia que Frenos cometió además una agresión en contra de un ciudadano que grababa una de sus reuniones con el fin de llevarle la información a un pariente que no pudo asistir, pero personal del Frente le prohibió grabar y lo atacó físicamente.
?Se está lucrando con un comunicado de prensa de la Suprema Corte de la Nación. Esto salió en meses pasados cuando había el intento de decomisar los vehículos y definitivamente no se vale que haya personas sin escrúpulos que vendan estos documentos supuestamente certificados?, dice.
?Invitamos a la gente propietaria de vehículos extranjeros a que pase por su documentación original y que pueda tener copias del acceso a toda la información de los carros de los últimos comunicados que están viniendo de la Presidencia de la República donde se está buscando la regularización?, puntualiza.
?Le decimos a la gente que vaya ahorrando, que no dé nada de dinero. Que se espera a que salga la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Los tiempos son de septiembre al 15 de diciembre y el segundo periodo en el que nosotros tenemos que sacar esta regularización viene siendo de enero a abril del 2006?, indica.
El ingeniero de profesión establece que les entregaron a los diputados federales un padrón de las personas afiliadas a la Onappafa, acción que calificó de ?buena fe?, ya que lo hicieron para que cabildearan la iniciativa.
?Estos diputados de varios estados se estuvieron aprovechando para promocionarse para ser senadores en el 2006. No nos vamos a prestar a situaciones de esos juegos, aquí ningún partido político se va a llevar la corona, pues entre todos los representantes van a sacar esta ley?, comenta y denuncia al diputado federal priista Ulises Adame como uno de los que se valen del tema para ganar adeptos y consolidar sus aspiraciones políticas.
Cuestionado sobre la actuación de los diputados locales responde que hay mucha ignorancia de algunos de ellos, aunque no proporcionó nombres. ?Ellos tratan de decir que cierren las fronteras. Falso, estamos en una etapa mundial de globalización. Vamos a sacar la cuarta regularización por las condiciones políticas, sociales y por la condición de emigración de la gente?, opina.
Precisan resolución
En comunicado de prensa, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informa que al precisar los efectos de su resolución en la contradicción de tesis relativa al contrabando presunto de vehículos, puntualiza que no promueve ni propicia detenciones.
La Primera Sala únicamente llevó a cabo una interpretación jurídica de ese delito previsto ya en el artículo 103, fracción II del Código Fiscal de la Federación.
En este sentido determina que para efectos del contrabando presunto, se presume que los vehículos fueron introducidos al territorio nacional porque los posee, los porte o se ostente como su propietario por estar fuera de la zona de la vigilancia aduanal, sin contar con la documentación que acredite su legal introducción o estancia en el país. Cabe mencionar que esta presunción acepta prueba de lo contrario.
A esta determinación llegó la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados. Se decidió un tema jurídico que no altera la situación de persona o vehículos relacionados con esta situación.
