El Congreso del Estado presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra quien o quienes resulten responsables por la toma del recinto legislativo. La denuncia fue interpuesta por el oficial mayor, Manuel Herrera Ruiz, y la decisión fue tomada por acuerdo de la Gran Comisión.
Por los hechos ocurridos este martes en la sesión del Congreso, la Oficialía Mayor del Congreso del Estado decidió cerrar las entradas principales del recinto legislativo, dejando sólo acceso por los dos extremos.
Aunque no se señalaron responsables y la denuncia no fue directamente contra los manifestantes que eran de Jardines de San Antonio, el diputado Héctor Vela, presidente del Congreso por este mes, indicó que cuentan con pruebas para aportar a la investigación.
Precisó que las pruebas consisten en los videos y las fotos que se tienen del momento en que los manifestantes tomaron el recinto oficial, además de las notas que se difundieron en los diferentes medios de comunicación.
La violación de los recintos parlamentarios se encuentra establecida en el artículo 192 del Código Penal; dicha disposición legal se modificó en la Legislatura pasada, por las constantes manifestaciones que se cometieron en el caso específico del ex diputado Blas Rafael Palacios Cordero del PRD, ya que los ex braceros acudían constantemente.
El Código Penal señala: “al que irrumpa en forma individual o tumultuariamente en los recintos oficiales de los poderes estatales, municipales o en los lugares habilitados legalmente como tales y en los cuales se estén desarrollando las actividades o funciones correspondientes, se les aplicará una pena de tres meses a tres años de prisión y de quince a cincuenta días de multa”.
Además, indica que “a los instigadores se les aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de 30 a sesenta días de multa”.
Los legisladores acordaron que no se retirará la denuncia a pesar de que los diputados prometieron atender el caso de los vecinos del fraccionamiento Jardín de San Antonio, pues esa es una gestión aparte.
Cierran entradas del recinto
Después de lo sucedido este martes en el Congreso, la Oficialía Mayor, sin opinión de los diputados, cerró las entradas principales del recinto, pues se constató que fue una sorpresa para los legisladores.
El diputado Isaac Becerra, quien fue el primero en llegar a la sesión, se sorprendió de ver cerrada la entrada principal y tuvo que rodear para instalarse en su curul; igual lo comentó el diputado Héctor Vela Valenzuela, quien desconocía las medidas tomadas por la Oficialía Mayor.
Quienes utilizan más esta área son los diputados, pero también los medios de comunicación, quienes invaden el área de sesiones para hacer entrevistas.
El diputado presidente de la Gran Comisión, Ricardo López Pescador, indicó que no es ninguna medida contra los medios de comunicación, sino una precaución para que no se vuelvan a presentar actos como los del pasado martes.
Penalidad
El Código Penal en el artículo 192 establece que la pena por violar algún recinto oficial consiste en:
La pena que se aplicará será de tres meses a tres años de prisión y de quince a cincuenta días de multa.
A los instigadores se les aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de 30 a sesenta días de multa.
FUENTE: Código Penal del Estado de Durango.
