Durango

Denuncia por falsificación de firmas contra el Municipio

Denuncian a la Coordinación de Inspección Municipal de haber clausurado un establecimiento comercial presentando una orden de visita de inspección con la firma falsificada del secretario del Ayuntamiento, Emiliano Hernández Camargo, así como omitiendo la fecha de expedición del documento, misma que es requisito indispensable, pues a partir de ese momento corren 24 horas para que se practiquen las diligencias correspondientes, según informó Juan Francisco Arroyo Herrera, defensor del prsunto infractor al momento en que interponía la demanda en la Dirección de Averiguaciones Previas.

Además, Arroyo Herrera dijo que la Coordinación de Inspección Municipal es equiparables con un grupo de vándalos y malhechores que, sin fundamento, sin la ley en la mano y sin un documento auténtico que los autorice, causan daños.

Dijo que, en su concepto, se configuran los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos oficiales y uso indebido de documentos oficiales.

Comentó que el sábado por la tarde clausuraron un establecimiento comercial propiedad de su sobrino Miguel Ángel Arroyo Herrera, aceptando que sí cometió una falta están de acuerdo en que se actúe, pero agregó que se basaron en una orden de visita de inspección, girada por Emiliano Hernández Camargo, pero al parecer el oficio no tiene fecha de expedición, siendo que es un requisito indispensable, porque a partir de ese momento corren 24 horas para que se practiquen las diligencias necesarias.

Añadió que lo grave es que la firma de Hernández Camargo fue falsificada, presentando el dictamen grafoscópico, que determina que todas las rúbricas de los documentos que presentó la Coordinación de Inspección Municipal no corresponden a la del Secretario del Ayuntamiento.

Por tal razón, dijo Arroyo Herrera que la denuncia sería en contra de Emiliano Hernández Camargo, como secretario del Ayuntamiento; Adolfo Sánchez Nevárez, coordinador de Inspección Municipal; Roberto Bravo Ontiveros, director de Seguridad Pública Municipal, y Sergio Sánchez Carrasco, juez administrativo.

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