Afirma el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana que los responsables de la seguridad permitieron la entrada de todo tipo de objetos prohibidos.
MÉXICO, D.F., (SUN-AEE).- En los últimos tres años, los responsables del manejo del penal de La Palma permitieron el relajamiento de su seguridad, posibilitando la entrada de drogas, artículos prohibidos, teléfonos celulares y propiciando las condiciones para que ese reclusorio fuera tomado por asalto.
Así lo afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Miguel Ángel Yunes, quien abundó que esta situación propició "la ruptura del principio de igualdad, que es básico para evitar la creación de grupos de poder al interior del centro".
En conferencia de prensa, el funcionario de la SSPF reveló que parte de la red de corrupción descubierta en La Palma, esta compuesta por seis integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario de esa institución, encabezados por el ex director Guillermo Montoya, quienes crearon las condiciones de ingobernabilidad "mediante acuerdos" con la delincuencia organizada, para relajar por completo los controles al interior.
Yunes informó también sobre el cese de 105 custodios que fueron sometidos a exámenes de control de confianza de un total de 147 guardias.
Reveló que 19 de estos reprobaron en el 2004 todos los exámenes y aún así siguieron trabajando en La Palma.
Entre las irregularidades permitidas en ese penal, destacó el hecho de que los reos Benjamín Arellano y Osiel Cárdenas habitaban celdas contiguas, lo cual estaba prohibido por el reglamento.
Esta situación, indicó que es parte de lo hallado en los últimos tres años y el responsable era el director del penal y luego el consejo técnico, indicó Yunes.
También responsabilizó a las autoridades penitenciarias de propiciar las ejecuciones de seis custodios del Cefereso de Matamoros, Tamaulipas, al permitir la acumulación de artículos de consumo e incrementar más de 15 veces los límites para la adquisición de los mismos en las tiendas de la institución.
Detalló que en ese penal de Matamoros aumentaron el número de artículos de 20 a 172, así como la diferenciación en la indumentaria, permitiendo la entrada de ropa y otros atuendos.
Adicionalmente, los líderes de estas bandas se coordinaron para fortalecer esquemas de control interno y planear operaciones que consideraban su fuga.
De esta manera, expuso el funcionario, las bandas seguían operando desde el interior de la cárcel planeaban actividades delictivas y ordenaban su realización a través de las redes que habían integrado con seudo abogados, familiares, organismos de derechos humanos y personal del propio centro que estaba a su
servicio.
Por esta situación, se ordenó reforzar la vigilancia en los penales de máxima seguridad, lo cual inició el 14 de enero del 2005 con la participación del Ejército Mexicano, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Preventiva y
personal de Derechos Humanos de la SSP.
